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Los siete concejales presentes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santiago que aprobó el pasado 30 de mayo pagar los gastos de defensa al edil Adrián Varela, imputado en la ‘Operación Pokémon’, han recibido un auto en el que se les imputa por prevaricaciónal tomar esta decisión.
La portavoz del gobierno municipal y de la Junta de Gobierno, María Pardo, ha informado este lunes 14, en rueda de prensa de que acaban de recibir el auto que cita a los siete ediles a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela el 19 de diciembre.
Los concejales compostelanos imputados son Amelia González, Juan de la Fuente, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao y la propia María Pardo, quien ha defendido que la decisión de abonar la defensa a Adrián Varela «se ajusta a derecho» y ha considerado que «hay una persecución política clara» por parte de la titular de este juzgado.
Pardo ha explicado que la denuncia que ha originado el caso la presentó ante la Fiscalía un particular, sobre el que ha dicho que no conoce que tenga ninguna relación con el Ayuntamiento. El argumento utilizado es que la decisión de abonar los gastos de defensa tendría que haberse demorado hasta conocer si el edil resultaba absuelto. La denuncia fue admitida a trámite y se imputa un delito de prevaricación a cada uno de los concejales presentes, ha expuesto.
La portavoz del Gobierno municipal ha sostenido que la decisión de la Junta «no solamente es ajustada a derecho», sino que «es una práctica» aplicada en otros ayuntamientos y también en el de Santiago. En concreto, ha mostrado un documento por el cual se asignaba un abogado al concejal socialista Bernardino Rama en 2009, por el caso de la Praza Roxa. «Enseñamos esto pese a que no lo estamos denunciando, puesto que es ajustado a derecho», ha insistido.
La propuesta de Varela, ha proseguido, llegó a la Junta de Gobierno «avalada por un informe del director de la asesoría jurídica y secretario municipal» y el vicesecretario municipal dio «su conformidad» en la propia reunión. Ambos firman este mismo lunes otro documento en el que se reafirman en que la decisión es «conforme a derecho» y en que, en caso de resultar condenado, Varela tendría que reintegrar el dinero que hubiese desembolsado el Ayuntamiento.
En cualquier caso, Pardo ha recordado que posteriormente, en julio, el propio Adrián Varela presentó otro documento renunciando a percibir cualquier tipo de compensación por los gastos de su defensa.
