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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha convocado para este lunes a las comunidades autónomas de Asturias, Euskadi y Galicia, así como a las empresas y a los sindicatos, para estudiar el recurso contra la devolución de las ayudas recibidas por el sector, conocidas como ‘tax lease’.
Al encuentro también asistirán por parte de la Administración, además de miembros del Ministerio de Industria, los representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, así como del de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
También habrá representación de la Abogacía del Estado, que es la que debe articular en nombre de España antes del 28 de septiembre un recurso en respuesta a la decisión de la Comisión Europea del pasado 17 de julio de que Hacienda reclame a los inversores del sector las ayudas recibidas entre 2007 y 2011.
Fuentes del sector dieron por hecho a que el Gobierno presentará el recurso en respuesta a la decisión del comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
Además, explicaron que Hacienda trabaja en paralelo en identificar las cantidades y los inversores que deben devolver las ayudas, con el objeto de desplazarse este mes a Bruselas y presentar un informe que deberá ser aprobado por las autoridades comunitarias.
El resultado de estos esfuerzos de Hacienda no tiene por qué afectar a la presentación del recurso, si bien el sector espera con inquietud el resultado de las pesquisas en las que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro debe determinar cuánto dinero hay que devolver.
La inacción de la Unión Europea ante el sistema de ‘tax lease’ del sector naval español se convertirá en uno de los ejes del recurso del Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
En concreto, el Ejecutivo evocará la confianza legítima y la seguridad jurídica. La primera de ellas parte de la idea de que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos.
Esta confianza del sector procedía a juicio del Gobierno de la propia inacción de la Comisión Europea, incluida la carta de la por entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.
En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, el Ejecutivo considera que la Comisión no puede retrasar ‘sine die’ el ejercicio de sus facultades y provocar incertidumbre.
