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El pleno de la Corporación Municipal de Vigo ha acordado, por unanimidad, declarar al comisario europeo Joaquín Almunia ‘persona non grata’ en la ciudad y, además, le ha pedido que presente su dimisión en el Gobierno europeo de forma «urgente e inmediata».
Esta declaración, avalada por los tres grupos municipales, se ha efectuado tras la decisión de la Comisión Europea que obliga a devolver las ayudas del ‘tax lease’ –mecanismo de bonificación fiscal empleado en el naval– entre los años 2007 y 2011.
El acuerdo plenario, alcanzado este lunes, día 5, considera que la decisión del Colegio de Comisarios a propuesta de Almunia «ha puesto en peligro el futuro del sector naval» y, por ello, lo declara ‘persona non grata‘ y le exige que abandone su responsabilidad.
Texto consensuado
Durante la celebración del pleno de este lunes, portavoces de los grupos del PSOE, PP y BNG mantuvieron una negociación para consensuar un único texto, puesto que en el orden del día del pleno figuraban varias propuestas. Así, el alcalde, el socialista Abel Caballero, llevó un planteamiento para declarar a su compañero de partido Joaquín Almunia ‘persona non grata’, mientras que el PP incluía una moción en la que iba más allá y, además de eso, pedía la dimisión.
Finalmente, los tres grupos políticos llegaron a un acuerdo sobre una declaración en la que se incluyen las consideraciones sobre Almunia y en la que también se traslada el apoyo al sector naval y se realizan una serie de demandas a las administraciones públicas a fin de garantizar el futuro de un sector que consideran «estratégico».
Medidas
Así, el acuerdo plenario pide que se mantenga la «unidad de acción» en el sector, una forma de actuar que, a su juicio, permitió que la Comisión Europea «suavizara» la propuesta inicial –que incluía la devolución de ayudas desde 2005–. Asimismo, insta al Gobierno central a «defender los intereses del sector naval español» ante el Tribunal de Justicia de la UE.
También solicita al Ejecutivo español que «concrete de forma inmediata el esfuerzo fiscal máximo» que está dispuesto a sumir con el nuevo ‘tax lease’ para «poner en valor» el nuevo sistema y promover la contratación de nuevos barcos. De igual modo, también pide que se pongan en marcha líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y conceda avales que permitan reactivar el sector y que se den garantías a los estructuradores e inversores.
Asimismo, demanda al Gobierno que promueva, de forma conjunta y al nivel de la comunidad europea, la aplicación a corto plazo de medidas de carácter temporal que tengan en consideración la especificidad del sector, que ponga en marcha instrumentos financieros específicos que faciliten inversiones en el sector naval; que cree, junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), un instrumento europeo para la financiación de astilleros y auxiliares y habilite un mecanismo transitorio que permita reponer el derecho a la prestación por desempleo de parados del sector.
Finalmente, pide a la Xunta que habilite una línea especial de avales para el naval y que ponga en marcha un programa de desarrollo de la industria naval, astilleros y auxiliares a largo plazo.
