Juzgan a cuatro presuntos miembros de Resistencia Galega

La Audiencia Nacional juzgará este lunes, día 24, y martes a cuatro presuntos miembros de la organización Resistencia Galega, a los que la Fiscalía atribuye delitos de terrorismo con el objetivo de «lograr la independencia del territorio histórico de Galicia y una parte del norte de Portugal».

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal está dirigido contra Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, para los que la Fiscalía solicita 20 años de cárcel, y contra Antón Santos Pérez y María Osorio López, que se enfrentan a una pena de 12 años de prisión.

A los acusados, que fueron detenidos en noviembre y diciembre de 2011 bajo la sospecha de que querían atentar el Día de la Constitución, se les atribuyen los delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, a los que hay que sumar el de tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.

Según el escrito de acusación, los cuatro formaban parte de Resistencia Galega con el objetivo de subvertir «el orden constitucional» en esta comunidad autónoma, establecer «unas señas de identidad gallega» y reivindicar «la defensa de la tierra y el medio ambiente«, para lo cual justificaban «el empleo de la violencia contra las personas y los bienes».

Casi seis kilos de explosivo

Según el relato policial, a las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega acordó una reunión con Vigo Domínguez en la confluencia de la calle Illas Canarias con la Gran Vía de Vigo, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente.

Las pesquisas prosiguen con que tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en el municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela.

A los otros dos acusados, Santos Pérez y Osorio López, se les incautaron sendos ordenadores en los que guardaban fotografías de acciones violentas reivindicadas por el entorno independentista de Galicia, así como textos relacionados con la organización Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).

«Enemigos de la tierra»

En base a la acusación, Resistencia Galega tiene su génesis en el extinto Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceive (EGPGC), cuya actividad terrorista se desarrolló entre los años 1986 y 1993. Tras su desarticulación, dio paso a «mecanismos de reivindicación política», entre los cuales surgió en los años noventa Nos-Unidade Popular/Nós-UP, que aglutinó organizaciones entre las que destacaba AMI.

Según un auto del juez Eloy Velasco, la organización funciona a partir de dos estructuras: una ilegal que se encarga de trabajar a nivel operativo e ideológico y planificar los actos terroristas; y otra legal compuesta por organizaciones que dinamizan la estrategia diseñada por la sección clandestina, entre las que se encontrarían AMI y otras como el Colectivo de Presos Independentistas Galegos (CEIVAR), Espacio Irmandinho o AMAL.

En el primer manifiesto en el que se aludía a Resistencia Galega, firmado el 20 de julio de 2005, se defendía «la resistencia basada en la violencia política» y señalaba que sus objetivos estaban «sujetos a acciones de castigo popular». En los últimos años, según detallaba el auto, sus activistas han «incrementado de forma notable tanto cualitativa como cuantitativamente, las acciones violentas» contra los objetivos que ellos consideran «enemigos de la tierra» mediante actos de «sabotaje, vandalismo y daños».