Toxo avaló ante notario la asociación para cobrar los ERE

Esta cabecera señala que Toxo avaló en 2003 ante un notario la creación de  la Asociación Faja Pirítica de Huelva.

El colectivo se fundó para cobrar hasta 138,23 millones de euros en  ayudas de la Junta y el Ministerio de Trabajo destinadas inicialmente a prejubilar a 687 trabajadores.

El diario ABC publica que el caso de los ERE también salpica a los dirigentes de UGT y CCOO. Destaca que el actual secretario general del sindicato CCOO avaló en 2003 ante un notario la creación de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, en cuya junta directiva figuraban como presidente Manuel Pastrana (líder de UGT en Andalucía) y su homólogo en CCOO, Francisco Carbonero, en calidad de vicepresidente, tal y como refleja el acta fundacional que publicó ayer ABC. El colectivo se fundó el 30 de junio de 2003 para cobrar hasta 138,23 millones de euros en ayudas de la Junta y el Ministerio de Trabajo destinadas inicialmente a prejubilar a 687 trabajadores afectados por el desmantelamiento de explotaciones en el anillo minero onubense.

Esta cabecera cuenta que la comisión ejecutiva de la federación se reunió el 2 de junio de 2003 para acordar por unanimidad participar en la constitución de la asociación, amparándose en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las Organizaciones Sindicales, UGT Andalucía y CC.OO. Andalucía suscrito el 29 de abril de 2003.

El fedatario hace constar en la escritura, a la que ha tenido acceso ABC, la “voluntad” de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de “participar en la promoción y constitución de una asociación destinada a la gestión de las medidas sociolaborales derivadas por el cierre de la minería metálica de la provincia de Huelva”. El sindicato designa a dos representantes en la entidad de prejubilados, entre los que se halla Rafael Varea, secretario de la Minería. Este sindicalista y Daniel Soto, de UGT, acordaron con el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero nombrar al dueño de Uniter, José González Mata (imputado en el caso) como mediador en la operación.