Las CCAA tienen 225 «embajadas» en plena era de recortes

25 delegaciones propias y 200 oficinas que actúan únicamente para el interés de la región. El Gobierno no obligará a cerrarlas pero sí emitirá recomendaciones.

Las Comunidades Autónomas tienen 25 delegaciones políticas y 200 oficinas repartidas por el mundo. Bruselas es la ciudad con más presencia de las regiones de España y solo cinco de ellas han accedido a integrar estos chiringuitos en la red estatal de oficinas para ahorrar costes. Así, el gasto en plena era de recortes es considerado superfluo.

Las delegaciones en el extranjero son utilizadas por las comunidades autónomas como vehículo de cooperación política y económica con el país en el que están ubicadas, así como medio de promoción y difusión de su cultura y su lengua. Asimismo, también ejercen presión para las demandas autonómicas frente al Gobierno de España.

En concreto, Cataluña las utiliza en parte para internacionalizar la independencia y sus reivindicaciones. Solo esta comunidad se gasta cerca de 12 millones de euros al año para mantener las 65 oficinas que tiene. El coste total de todas las CC AA alcanza los 50 millones de euros.

Hoy el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde a la Ley de Acción Exterior, que consiste en «ayudar», según ha afirmado el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, para defender una posición común en los países en los que hay delegaciones y oficinas.

García-Margallo ha ofrecido a las comunidades cerrar sus oficinas e integrar su personal en las embajadas españolas para ahorrar los costes de alquiler de edificios y otros gastos fijos.

Este viernes, García-Margallo ha reiterado esta oferta y el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado en el que el Gobierno contempla emitir un informe sobre si considera pertinente la apertura de estas delegaciones autonómicas en el exterior y hará «recomendaciones» sobre los viajes que representantes autonómicos hagan al extranjero, de los que deberán informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Pese a este ofrecimiento, las autonomías mantienen aún 25 oficinas propias en el extranjero, doce de ellas ubicadas en Bruselas porque consideran imprescindible su presencia en la capital belga, máxime en el actual contexto de negociación de los fondos europeos. Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha sí han aceptado la oferta del Gobierno y han integrado sus delegaciones en Bruselas en la embajada española.

Al margen de la capital belga, hay algunas autonomías que mantienen también abiertas oficinas en otras ciudades tanto de Europa como de América. Es el caso de Cataluña, que no sólo no se plantea cerrar estas delegaciones sino que el Gobierno de Artur Mas durante la pasada legislatura defendió la necesidad de reforzar su presencia internacional con la apertura de nuevas sedes. Y es que, la Generalitat quiere internacionalizar la independencia.

En la actualidad, Cataluña cuenta con ‘embajadas’ en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Si embargo, la crisis también ha hecho mella en este ámbito y la Generalitat optó por no abrir nuevas delegaciones y la más reciente, la de Buenos Aires, no cuenta con personal propio más allá de su delegado.

Por su parte, el País Vasco, además de la delegación de Bruselas ante la Unión Europea, tiene abiertas sedes en Nueva York, México, Argentina, Chile y Colombia. El propio Gobierno vasco explica que las delegaciones de Euskadi en el exterior son «el órgano de representación de la comunidad en materia de cooperación al desarrollo, de relaciones con las Colectividades Vascas y de defensa y promoción de intereses multisectoriales en el ámbito de las competencias que a ésta le corresponden».

También Galicia cuenta con sedes en Uruguay y Argentina, países que acogen las colonias más importantes de emigrantes gallegos. Tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta, ambas fueron trasladadas a dependencias de los centros gallegos en esos países, a fin de reducir costes en el alquiler de las oficinas que ocupaban.

Por su parte, Canarias tiene delegación en Caracas (Venezuela) con el objetivo de consolidar su presencia en el ámbito internacional y en respuesta a la «creciente actividad» que la comunidad desarrolla en el exterior.

Además, el Gobierno de Extremadura abrió una delegación en Lisboa, inaugurada en junio de 2009 con el objetivo de intensificar las relaciones con Portugal y favorecer la imagen y la visibilidad de la región en el país luso, aunque José Antonio Monago la cerró el pasado año y en la actualidad el edificio se encuentra en proceso de subasta.

Cinco autonomías tienen también delegaciones en Madrid para favorecer y ampliar sus relaciones con las instituciones del Estado ubicadas en la capital. Se trata de Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias; mientras que otras comunidades han optado por cerrar estas oficinas, como es el caso de Asturias, Navarra, Aragón o la Comunidad Valenciana.

Además de estas representaciones de carácter político, las comunidades cuentan con otras 200 oficinas comerciales en el exterior, aunque está previsto que a finales de este año casi la mitad se integren en las dependencias de las oficinas comerciales del Estado.

Por ejemplo, Canarias dispone de oficinas sectoriales de carácter comercial en Agadir (Marruecos) y Dakar (Senegal), mientras que la Xunta de Galicia firmó un convenio con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) para gestionar, por 18 millones de euros, la red Pexga de oficinas en el exterior. En total, son 14 las oficinas existentes en distintos países extranjeros para prestar asesoramiento y hacer labores de acompañamiento.

Por su parte, la Generalitat Valenciana disponía al inicio de la actual legislatura de 27 oficinas propias del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en países extranjeros, aunque tiene en marcha una reestructuración de la red que contempla cierres e integración de oficinas.

En el caso de Cataluña, con un total de 69, aunque en ningún caso son delegaciones, la Generalitat cuenta con la Casa de la Generalitat en Perpinyà (Francia), representaciones de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, una red de oficinas de promoción económica, oficinas de turismo, el Institut Ramon Llull dedicado a la difusión internacional de la lengua y cultura catalanas, y del que hasta hace un mes también formaba parte Balears, y el Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC, organismo autónomo de la consejería de Economía).