Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
Morales hizo el anuncio en un acto en la ciudad central de Cochabamba, donde está la sede de Sabsa, acompañado del vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
Según la agencia, los ejecutivos de SABSA se resistían a incrementar la inversión de su propuesta inicial de 36 millones de dólares en el mantenimiento y ampliación de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos nueve años.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha expropiado la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena que administra los tres aeropuertos más grandes del país, acusándola de haber hecho insuficientes inversiones.
Morales hizo el anuncio en un acto en la ciudad central de Cochabamba, donde está la sede de Sabsa, acompañado del vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y del ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
Según la agencia, los ejecutivos de SABSA se resistían a incrementar la inversión de su propuesta inicial de 36 millones de dólares en el mantenimiento y ampliación de los aeropuertos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos nueve años, lo que había llevado al Gobierno a analizar seriamente la nacionalización.
En 1999, SABSA pasó a formar parte de TBI, una empresa con sede en Londres que gestionaba aeropuertos en distintos países del mundo. Posteriormente, según informa la empresa en su web, TBI fue adquirida en 2004 por Abertis-Aena, que constituyó entonces Abertis-Airports, de quien dependía actualmente la empresa boliviana.
Margallo advierte de que «habrá consecuencias»
El Gobierno ha deplorado hoy «profundamente» la decisión del Ejecutivo boliviano de nacionalizar la empresa Sabsa, filial de Abertis y AENA, y ha anunciado que, tras «este acto inamistoso», «muy a su pesar procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales» con el país andino.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado para condenar esta nueva expropiación después de que el titular del departamento, José Manuel García-Margallo, advirtiera desde Bruselas de que «tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales».
En el comunicado, el Ejecutivo asegura que no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que «toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio, según una valoración justa e independiente del bien expropiado».
Lamenta además especialmente la ocupación policial de las sedes de la empresa nacionalizada.
En anteriores procesos de expropiación ya trasladó este mensaje al Gobierno boliviano, a quien advirtió de que las nacionalizaciones sin previo aviso y con ocupación por parte de la fuerza pública «no se correspondían con el buen clima que supone preside las relaciones entre Bolivia y España».
«En consecuencia, el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos», continúa el comunicado.
El Ejecutivo sostiene que siempre ha intentado favorecer unas relaciones bilaterales de «amistad, cordialidad y cooperación», pero considera que las últimas decisiones de Bolivia cuestionan su voluntad de mantenerlas.
«El Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales», concluye.
García-Margallo, que ha recordado las expropiaciones de filiales de Red Eléctrica y de Iberdrola en Bolivia en los últimos meses, ha dejado claro que su departamento estudiará «todas las medidas que haya que adoptar» a nivel bilateral y explorará la posibilidad de «reclamar la solidaridad» de los socios europeos.
