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Ya son ocho las personas imputadas por el juzgado de instrucción número tres de Ferrol, dentro de la denominada operación “Torre” iniciada en enero del pasado año, acusados de posible tráfico de influencias por supuestas adjudicaciones a dedo de diversas obras y en la que destaca el que a la empresa Albanese se le hubiesen adjudicado, sin previamente pasar por la mesa de contratación, obras por valor de más de 712.000 euros, de los que solamente menos de un diez por ciento se habían facturado “legalmente”.
Los imputados por el juzgado son los responsables de las empresas San Martín y Parquet Albanese, Gerardo López Castrillón Y Ángel Mato (que eran concejales socialistas en el período 2007-2011), los aparejadores municipales María del Carmen Piñeiro y David Couselo, el anterior y el actual interventores municipales. Castrillón ejercía como concejal de obras y Mato como edil de urbanismo.
Los dos interventores en declaraciones ante el juez instructor efectuadas en la mañana de hoy aclararon su postura en torno a la estructura municipal y como ellos no participaban en el proceso de la adjudicación
Los dos aparejadores del Ayuntamiento ya fueron citados a declarar en comisaría y ante el juzgado de Instrucción número tres de Ferrol, y en ambos casos, se negaron a prestar declaración.
De la investigación del caso Torre se ocupa la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que el 27 de enero del 2012 registró varios despachos del Ayuntamiento de Ferrol y se llevó varias cajas con centenares de documentos y facturas de los departamentos de Obras, además de los discos duros de los ordenadores de esa concejalía.
El registro del consistorio ferrolano autorizado por el juez Morán fue recurrido por la empresa y la fiscalía ferrolana. A finales del 2012, la Audiencia Provincial de A Coruña dictó un auto que desestimaba los recursos y validaba las escuchas y registros autorizados judicialmente en la operación «Torre» que investiga las presuntas conexiones entre Albanese y políticos locales y funcionarios del municipio por varias adjudicaciones presuntamente irregulares.
Comienza la historia
La historia comienza cuando un aparejador se presentó en la comisaría de Ferrol para denunciar el robo de unas planchas de uralita nuevas. Eran, supuestamente, parte del material de la obra del cuartel Sánchez Aguilera en la que estaba trabajando como arquitecto técnico con un contrato temporal, casi un becario. El hombre pronto retiró la denuncia sin una explicación convincente, pero el caso ya estaba abierto.
De la investigación se encargó la brigada de robos, a la que pronto empezó a “escamarle” el tema y lo derivó a otra unidad especializada en delitos económicos. Así arrancó la Operación Torre, que propició el registro de las oficinas de la concejalía ferrolana de Obras, donde supuestamente estaba el epicentro de una trama integrada por dos aparejadores interinos y un ex edil socialista que, según los investigadores, fraccionaban los contratos como obras menores para saltarse el protocolo legal y adjudicarlas casi a dedo a la constructora Parquet Albanese SL a cambio, posiblemente, de algún tipo de favor o comisión.
No hubo detenciones ni tampoco imputaciones formales para las personas que están bajo la lupa judicial —el ex concejal del PSdeG Gerardo López y dos funcionarios— por un posible delito contra la Administración Pública y otro de falsedad documental.
Casi en paralelo a la falsa denuncia, la Inspección de Trabajo paralizó las obras del cuartel en febrero del 2011 tras un accidente laboral que destapó irregularidades graves. Una cuadrilla de 15 obreros manipularon amianto, material cancerígeno, sin protección: retiraron las uralitas viejas, las lavaron para rejuvenecerlas y las cortaron a medida con una sierra radial para, probablemente, reutilizarlas en otra cubierta del mismo recinto.
A esas imputaciones se sumaron más tarde las de los interventores y el ex edil de urbanismo.
[pullquote]Se hacían calles y plazas con fundido de hormigón. Parecía Dragados[/pullquote]Obras de todo tipo
Los investigadores sospechan que nunca hubo partida de uralitas nuevas, aunque seguramente se pretendía justificar su compra con alguna factura falsa en el ayuntamiento. El becario, probablemente sin saberlo, denunció el robo de un material que no existía, pero por el que el municipio habría pagado a la trama corrupta. En el cuartel se realizaban distintas obras y detrás de una ellas, el tejado del Museo da Natureza, estaba Albanese.
La compañía se registró hace 22 años como pequeña constructora familiar a nombre de Dolores Fernández Rico, gerente del negocio junto a su marido, de origen italiano y un hijo. Empezaron puliendo suelos de madera, hasta copar obras de todo tipo. Un ex empleado recuerda que Albanese comenzó colocando papeleras de plástico en el gobierno de Xaime Bello (BNG), a mediados de 2003. Las obras crecieron en número y presupuesto durante el gobierno popular de Juan Juncal.“Se hacían calles y plazas con fundido de hormigón. Parecía Dragados”, ironiza el trabajador.
Con el PSdeG al mando, tampoco les faltó trabajo y se llevaron, según los investigadores, un buen número de contratos disfrazados como obras menores. Calculan que en torno a un millón de euros solo del Plan E. Este sistema estaba arraigado en el departamento de Obras al margen del color político del gobierno de turno. “No era raro que se mandara a Albanese a reparar cualquier tubería o desperfecto en Recimil (1.100 viviendas municipales) antes de iniciar siquiera el expediente”, admiten fuentes de la corporación.
Otro fleco de la trama es la adjudicación al grupo San Martín de un contrato de dos millones de euros por dos años en marzo del 2010, que parece que ejecutó bajo cuerda Albanese.
