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Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia en 2024 aumentaron un 22,4 % con respecto al año anterior, consolidando la tendencia al alza iniciada en 2023, cuando subieron un 5,2 %. En el periodo estudiado se presentaron 944 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a los 771 del año anterior, según los datos estadísticos hechos públicos hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto del Estado, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas subió un 18,3 %, rompiendo la tendencia a la baja mostrada desde 2022.
El informe también recoge que los juzgados gallegos practicaron el año pasado 1.191 lanzamientos, un 1,7 % más que en 2023. En el conjunto del Estado, se realizaron 27.564, un 3,4 % más que el año anterior. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual. De los 1.191 efectuados en Galicia, el 80,5 % fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler, los cuales descendieron un 0,4 %.
Otros 181 correspondieron a ejecuciones hipotecarias -un 10,4 % más que en 2023- y, los 51 restantes, derivaron de otras causas.
En Galicia, en el periodo estudiado, se practicaron, por cada 100.000 habitantes, 35,4 lanzamientos derivados de la LAU, frente a los 42,1 de media estatal. Además, por cada 100.000 habitantes se llevaron a cabo 6,7 ocasionados por ejecuciones hipotecarias; y, en el Estado, 10,6.
Concursos
Los concursos presentados en los órganos judiciales gallegos registraron en 2024 un aumento del 27 % respecto a las mismas fechas de 2023. En total, en la comunidad se solicitaron 2.322 concursos, de los cuales la gran mayoría -1.938- correspondieron a personas naturales sin actividad empresarial, es decir, particulares con deudas. Este tipo de concurso incrementó en el periodo estudiado un 34,4 %, según los datos estadísticos del CGPJ, mientras que los de personas jurídicas -empresas- aumentaron un 11,8 %, pues sumaron 293. Los de personas naturales empresarias bajaron (un 27,2%), pues se presentaron 91, frente a los 125 de 2023.
Procedimientos especiales de microempresas
En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o tengan un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
En 2024 se presentaron en los juzgados mercantiles de Galicia 40 procedimientos especiales de microempresas, de los que 28 corresponden a personas jurídicas; y 12, a personas físicas.
Demandas por despido y reclamación de cantidad
En 2024 se interpusieron en los juzgados de lo Social 6.382 demandas por despido, cifra que muestra un aumento del 11 % respecto a las presentadas el año anterior. El número de demandas por reclamaciones de cantidad presentadas en los juzgados de lo Social, 9.850, fue un 3,6 % superior al registrado en 2023.
Monitorios
El informe, además, muestra un aumento de los procedimientos monitorios presentados en 2024 en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En Galicia se interpusieron 55.749, frente a los 51.566 del año anterior, lo que supuso un incremento interanual del 8,1 %. Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
El estudio también refleja que en el periodo estudiado los juzgados gallegos ingresaron 81 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 22,1 % menos que en 2023. Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 3 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media estatal se situó en 4,7.
Para más información:
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
