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(Vozpópuli-Borja Negrete)-Yolanda Díaz quiere dar el golpe de gracia a Muface. La mutualidad encargada de ofrecer asistencia sanitaria a más de 2 millones de españoles pasa por momentos difíciles, y su escasa financiación le auguran un futuro negro si no se toman medidas rápidas desde Moncloa. Lejos de preocuparse por la situación financiera de Muface, en Sumar creen que lo mejor es disolver la mutualidad y que todos los funcionarios pasen a ser atendidos directamente por la seguridad social. Un movimiento que dejaría al 73% de los funcionarios sin su opción preferente (la sanidad privada), engordaría las listas de espera a nivel nacional y aumentaría el gasto en 800 millones de euros.
La líder de Sumar, sin embargo, compra las tesis que Más País y Podemos llevan años defendiendo y es la disolución de Muface (funcionarios), Isfas (fuerzas armadas) y Mugeju (cuerpo judicial) y devolver a todos los mutualistas a la seguridad social. Al margen de Yolanda Díaz, la mutualidad se encuentra ya en «grave riesgo» dadas las pérdidas millonarias que están padeciendo las aseguradoras privadas parte del modelo (Adeslas, Asisa y DKV). DKV, de hecho, amenaza con salir si no se incrementa la financiación un 40% como mínimo. «Su salida arrastraría a todas las demás mutuas», advierte el sindicato mayoritario de funcionarios CSIF.
En declaraciones a Vozpópuli, Comisiones Obreras responde a Sumar: «Nosotros vamos a seguir defendiendo el sistema de mutualidades sanitarias, como puede ser Muface, Mugeju o Isfas, pero para ello, se debe de obtener una mejor financiación por parte del Gobierno, para ofrecer unos servicios de calidad. Sumar piensa que las personas funcionarias de este país optan a servicios sanitarios privados con dinero público. Nosotros sin embargo lo que defendemos es que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito los conciertos cumplan con los parámetros de calidad establecidos por la Cartera Nacional de Servicios».
Fin de Muface: más gasto y más listas de espera
En este sentido el programa de Sumar es muy claro: «Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Hay 1.081.052 de funcionarios que a través de Muface eligen la sanidad privada (Adeslas, Asisa o DKV) frente a los 405.880 que seleccionan la sanidad pública. Hay quien podría pensar que este modelo genera una desigualdad frente al resto de los ciudadanos, pero lo cierto es que los empleados públicos acceden a la misma cartera de servicios que cualquier usuario de la seguridad social. Con una diferencia, y es que sale mucho más rentable.
Según cálculos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), el modelo Muface sale 800 millones de euros más barato. La atención sanitaria a los mutualistas pasaría de costar 2.230 millones de euros a 3.030 millones. El efecto en las listas de espera sería demoledor. En estos momentos, el Ministerio de Sanidad calcula que un español espera de media 122 días (más de 4 meses) para recibir la operación quirúrgica prescrita, y 95 días (3 meses) para ser visto por un especialista. Si la sanidad pública asume la atención de los más de dos millones de mutualistas y beneficiarios de Muface que pasarían a formar parte de la seguridad social, el IDIS calcula que las listas de espera crecerían 30 días. Es decir, habría que sumar otro mes de espera para ser operado por la pública (5 meses) y para ser visto por un especialista (4 meses).
Herencia de Podemos y Más País
El primer partido en incluir en su programa electoral la disolución de Muface fue Más País. Los de Íñigo Errejón proponían en 2019 una medida calcada a la que ahora vende Yolanda Díaz. Es más, podríamos hablar hasta de ‘copia y pega’: «Incluir, dentro de la cobertura sanitaria universal, a las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (Muface-Mugeju-Isfas). Además, eliminar la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos».
Unidas Podemos no incluyó ninguna propuesta respecto a la mutualidad en su programa electoral de entonces. Sin embargo, dos años más tarde, en 2021, se sumó a la tesis de Más País, y registró una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso donde abogó «por que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social». Es decir, una propuesta más tímida que la que plantearon los de Errejón, pues no implicaba la disolución directa de la mutualidad, sino que los españoles que engrosasen el cuerpo de funcionarios fuesen ya directamente a la seguridad social. La PNL fue rechazada.
La posición fluctuante del PSOE
El PSOE mantiene una posición poco clara al respecto. Si bien es cierto que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido públicamente el modelo Muface, hay corrientes internas que abogan por su disolución. En 2015, la Fundación Alternativas, laboratorio de ideas del PSOE regado con un millón de euros desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, proponía la supresión de Muface y la integración de sus fondos en la financiación sanitaria nacional.
Sin ir más lejos, el exministro de Sanidad socialista Salvador Illa también cree que hay que dar una vuelta al modelo. El PSC incluyó en su programa para las elecciones catalanas la revisión del modelo Muface, un objetivo que dejó aparcado al no alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en Cataluña.
