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La Xunta, a través de Augas de Galicia, acaba de trasladarle a Endesa Generación la propuesta de resolución de imposición de dos sanciones por el episodio de turbidez generado en el río Eume el pasado año, al tiempo que se le demanda que asuma el coste de las obras que fue preciso acometer en la potabilizadora de Pontedeume para garantizar el abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad.
Desatención al requerimiento
Son dos sanciones por incumplimiento muy grave. Una por la desatención al requerimiento notificado el 8 de agosto de 2020 desde Augas de Galicia en el que se le requirió a la entidad explotadora para que cumpliera con el régimen de explotación habitual manteniendo la cuota mínima de explotación en 306 msnm, garantizando en todo caso el mantenimiento del caudal ecológico. Endesa Generación desatendió el requerimiento debidamente notificado, continuando con el proceso de descenso de cuota no autorizado hasta el 28.de agosto, momento en el que se constata la aparición de turbidez en el embalse. Por no apreciar ningún atenuante, procede imponer la sanción prevista en la Ley de Augas de Galicia en su cuantía máxima, 600.000€
Modificó régimen explotación del embalse
La segunda, porque Endesa Generación modificó el régimen de explotación del embalse sin autorización administrativa incumpliendo los deberes que le corresponden como titular de la presa con graves consecuencias. En este caso se consideró cómo atenuantes que la empresa está tramitando la autorización administrativa de las normas de explotación del embalse del Eume y que los controles llevados a cabo en su Plan de Vigilancia Ambiental del proceso de descenso sirvieron para detectar la turbidez e interrumpir el descenso programado, evitando así una afición aún mayor. Por estas razones procede imponer la sanción prevista en su cuantía mínima, 350.000€.
Reparación de daños
Además la ley de Aguas contempla que con independencia de las sanciones que se impongan, podrá exigirse a las personas infractoras la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al dominio público, así como la reposición de las cosas a su estado anterior y cuando esto no había sido posible, se fijarán las indemnizaciones que procedan. Estos daños están valorados en 932.284,45 € que se corresponden con las actuaciones que tuvo que realizar la administración para garantizar el servicio de abastecimiento y para realizar el correcto seguimiento ambiental que permitió soler acciones correctoras.
La empresa tiene ahora un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones a estas resoluciones. Pasado ese plazo, Augas de Galicia preparará el expediente oportuno para ser elevado al Consejo Rector de Augas de Galicia, el órgano competente al tratarse de sanciones tipificadas como muy graves.
