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Uno de los problemas que más eco han tenido en estas últimas semanas es el de la ocupación ilegal de viviendas, algo que ha llegado hasta el Senado, de la voz de los senadores ferrolanos del PP, Verónica Casal y Juan Juncal, los cuales han presentado este viernes en la Plaza de Amboage la Proposición de ley para frenar este problema.
La ocupación ilegal “es un problema creciente en nuestro país”, afirmaba Verónica Casal, el cual “no solo ataca al derecho a la vivienda y a la propiedad privada”, sino que también “altera gravemente la convivencia de los vecinos y es un riesgo para las personas y los bienes”. A la vista de este problema “y de la creciente ocupación”, con un incremento del 5% en el periodo de enero a junio, respecto al año pasado, por lo que es “necesario y urgente” la reforma el ordenamiento jurídico y modificar la legislación actual “para que los okupas no tengan ningún vacío legal.”
Con la Proposición de ley los populares pretenden “una solución inmediata y efectiva a los propietarios de viviendas que sufren ocupaciones ilegales”, como también “se garantice la seguridad de los vecinos que sufren en primera persona las ocupaciones ante la pasividad de Sánchez.”
Entre las propuestas están la recuperación del delito de usurpación “que supondría una pena de cárcel de uno a tres años, que el PSOE lo rebajó a multas”, regular nuevas penas para los que fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluir una inhabilitación de hasta quince años para ejercer un cargo público. También solicitan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se hagan cargo del desalojo “y lo hagan en un plazo máximo de doce hora, entregando plena seguridad jurídica.”
Los vecinos también podrán tomar medidas preventivas como “tapiar o cerrar ventanas”, afirmaba la senadora Verónica Casal.
Juan Juncal: “Este es un tema que afecta a todos los ciudadanos”
El senador Juan Juncal criticaba las palabras de “algún Vicepresidente del gobierno que calificaba la ocupación ilegal como un modo de adquirir viviendas”, porque esto afecta “a derechos fundamentales de los ciudadanos”, por lo que presentan estas medidas como “incremento de las penas” como de tipo administrativo “para facilitar el desalojo de viviendas”, como también evitar que los ayuntamientos “puedan empadronar si no hay las garantías suficientes y que no amparen el delito de ocupación.”
Esta campaña la han presentado a nivel nacional “ya que es un tema que afecta a todo el país y afecta a todos los ciudadanos” en un derecho fundamental “como es la de la de la propiedad” y con ello “evitar situaciones tensas entre los vecinos que no son deseables.”
En Ferrol, en la actualidad “no hay datos altos de ocupaciones”, pero si lo hay en otras zonas de Galicia, tal y como afirmaba el senador Juan Juncal.
