Esperando el comienzo de curso

Juan Cardona-( juan@juancardona.es)

Un diputado raso tiene obligación de acudir al Congreso normalmente 3 días a la semana durante nueve meses al año; ya que el primer periodo de sesiones es de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio; unas vacaciones por tanto de 3 meses (igual que el español medio). Hay que hacer la salvedad de que en este periodo que nos toca convivir con la covid-19, solamente el 50% de sus señorías acudían al congreso cuando había sesión con votación, el resto ejercían el televoto.

Hay que reconocer que otros diputados «trabajan» y acuden con más frecuencia, pero eso les va en el sueldo: Los presidentes, vicepresidentes, secretarios y portavoces de Comisión a su nómina básica de 3.050 € cuentan con gastos de representación (entre 1.500 y 750 €/mes); los Portavoces de los grupos y adjuntos suman a mayores otro complemento similar de «libre disposición»; los componentes de la mesa añaden otro
complemento (La «presi» 3.300 €, los «vices» 1.300 y «secres» 1.025 €). A estos emolumentos hay que añadir 1.959 € (exentos de IRPF) para gastos de alojamiento y manutención para todos los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y 937 para los madrileños. Añadamos los gastos a justificar de viajes, teléfonos, ADSL y tabletas gratis. La nómina se redondea para los diputados «de a pie» sin coche oficial con una tarjeta de taxi de 3.000 €/ año.

No sé si ganan mucho o ganan poco, lo que si es cierto es que su trabajo cunde poco.
En esta legislatura, al día de hoy, han aprobado: la modificación de dos artículos de dos Leyes, y convalidado, apretando un botón, 26 Reales Decretos y derogado otro, que el gobierno ha promulgado todos ellos durante el estado de alerta. Acudieron igualmente para aprobar las prórrogas del Estado de Alarma y los que apoyan al gobierno asistieron al hemiciclo para aplaudir a su Imperator Caesar, vencedor de los bárbaros del Norte. En las 70 proposiciones de diversas índoles que han presentado los grupos parlamentarios, muchas de ellas procedentes de los Reales Decretos de la Covid, la intervención de los diputados ordinarios es prácticamente nula, dejando la cancha abierta a una legión de «asesores», bien pagados, que les auxilian.

Desde el comienzo de la pandemia sabíamos que en el mes de septiembre nos
enfrentaríamos con el comienzo de curso académico. Nuestros políticos tenían seis meses para desarrollar unos protocolos adecuados para minimizar los daños de la pandemia; protocolos que deberían contar con el apoyo de los recursos económicos necesarios para aumentar el número de docentes y sanitarios escolares, adecuar las aulas, definir las ratios de alumnos por aula, programas de digitalización, materiales de protección y control, etc., etc. De todo esto a pocas jornadas del curso nada de nada; cada autonomía apurando sus propios planes a marchas forzadas.

Si nos quejamos de la inactividad de 350 parlamentarios, olvidémonos de los senadores, teníamos puesto nuestras esperanzas en los 1.258 parlamentarios autonómicos… pero tampoco tuvieron tiempo, eso si la nómina no la han perdonado.

Si hay un recuerdo cariñoso para los poderes legislativo por su inactividad, no hay que olvidarse del ejecutivo. Después de una primera parte de la pandemia, con negación inicial, vaivenes constantes con un poder ilimitado con el estado de alerta, las televisiones y con el BOE, con comités inexistente, confinamientos medievales y dejando en entredicho «Las aventuras de Pinocho», deciden, decide Sánchez aflojar la presión, nos desea un sonoro «disfrutar de la nueva normalidad» y se van todos de vacaciones. Al regreso se quitan de en medio y dejan a las autonomías fuera de juego y con los deberes sin hacer y a los padres sumergidos en un mar de dudas.

Cuando se vota, hay que ser consciente de lo que se vota y a quién se vota: Después
lamentaciones….