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Los cuatro miembros de la Cofradía de Pescadores «Santiago Apóstol» de Barallobre, Fene, fueron trasladados en la mañana de este jueves desde el cuartel de la Guardia Civil de Lonzas en A Coruña a los juzgados de Ferrol para comparecer ante el juez bajo la acusación de supuestos delitos de falsedad documental, contra la salud pública y contra la hacienda.
Estas cuatro personas, el patrón mayor de la Cofradía, Carlos Rey; el secretario, David Pita; el biólogo, Juan Ferreiro y el encargado de las subastas y del transporte en la furgoneta propiedad de la cofradía, Pablo Barcía, habían sido retenidas, en un principio, a partir de las diez de la mañana de este miércoles, en los locales de la Cofradía, en Barallobre, mientras miembros de la Agencia Tributariay del Seprona procedían a una detallada investigación en todas las dependencias de la sede, a raiz de una denuncia. Tras retenerles los teléfonos móviles, y trasladar en varias cajas de cartones documentación y material de ordenadores, las cuatro personas fueron llevadas como detenidos, sobre las cinco de la tarde, a las dependencias de la Guardia Civil en A Coruña. Al parecer la Guardia Civil también efectuó registros en domicilios de alguno de los detenidos
Según datos recogidos algunos de los detenidos se negaron a declarar en las dependencias de la Benemérita.
En la mañana de este lunes las cuatro personas pasaron a disposición judicial y han quedado en libertad con cargos, siguen investigados en la causa y tendrán que volver a declarar en unos veinte o treinta días ante el juez que lleva el caso.
Según fuentes del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia la operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol si bien los cuatro pasaron a disposición del número 2 en funciones de guardia.
La sorpresa continúa entre los mariscadores de la zona y las especulaciones sobre estos registros son varias, desde que la cofradía recogía un mayor número de kilos de los autorizados por persona hasta que mariscos de la zona denominada “c” eran recogidos y vendidos como si fuesen de las zona “b” sin haberse sometido al correspondiente tratamiento exigido a la primera de las zonas
