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Mas de dos centenares de antiguos trabajadores de la SEPI, la mayor parte de IZAR y algunos de Imenosa, y delegados de CCOO, UGT y CIG se han concentrado ante la Delegación de Hacienda en «As Telleiras» para exigir el cumplimiento de la sentencia del Supremo que implica el cobro de los atrasos y la actualización de las pensiones de los trabajadores jubilados de Izar. Son unos 1.300 afectados en la zona , más de 6.000 en toda España.
Los sindicatos califican de «lamentable» la actitud de la SEPI, que pese a tener una sentencia firme del Supremo que le condena al abono de los incrementos salariales, sigue negándose a hacerlo y no comparece en las diferentes mesas creadas para abordar este tema, Si la SEPI no cambia de actitud, advierten, los afectados interpondrán demandas individuales para reclamar lo que les deben, «algo que colapsaría los juzgados puesto que hay unos 6.000 afectados en toda España. Todo ello incrementaría el coste de esta operación, pero parecer no les importa al ser dinero publico. Estamos intentando solucionarlo por la vía del acuerdo pero parece que no hay interés en una solución rápida»
Las cantidades que la SEPI ha de abonar según la sentencia a los prejubilados de Izar que lo hicieron el 31 de diciembre de 2004 corresponden a un 2,9% de sus salarios en 2012 y un 0,3% en 2013.unos 60 a 70 euros mensuales. Los sindicatos denuncian que tampoco se han actualizado los salarios tal y como dicta la sentencia.
El pasado 1 de octubre, los sindicatos ya avisaron de que habría movilizaciones debido a la actitud del Ministerio de Hacienda. En marzo, el Tribunal Supremo les había dado la razón a los sindicatos: la SEPI se había equivocado al congelar las pensiones de sus trabajadores jubilados, unos trabajadores a los que en 2004 se les había garantizado que sus pensiones se incrementarían en función del coste de la vida (del Índice de Precios al Consumo, el IPC). Lamentablemente, y tras una interpretación interesada de la Ley 17/2012 por parte del Ministerio de Hacienda, se les congelaron las retribuciones en abril de 2013.
Los sindicatos exigen a la autoridad competente que «ponga orden y sentido común» y revierta este «despropósito y atropello» contra los jubilados de la empresa.
