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La dirección de Navantia recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol, que obliga a la empresa a pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Ferrol, por los terrenos que ocupa su astillero en este municipio.
Así lo han trasladado responsables de la compañía naval pública, que han adelantado que la presentación de dicho recurso se realizará dentro de los plazos legalmente establecidos y que la propia sentencia establece.
La sentencia, que fue dictada el 8 de enero, considera que «no es ajustada a derecho» la pretensión por parte de la empresa de no pagar este impuesto por sus terrenos. El 13 de enero de 2014, la Comisión Europea emitió un informe en que indicaba que la intención de Navantia era «contraria al derecho europeo», y cuyo informe dio lugar posteriormente, el 9 de octubre de este mismo año, a otro dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, que decía que estos terrenos estaban sujetos a este impuesto, ya que en ellos se realiza una actividad industrial, con la reparación y construcción de todo tipo de buques, tanto civiles como militares, para los ejércitos de otros países, y no están destinados íntegramente a la defensa nacional, en cuyo caso si estarían exentos de tributar.
