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Manuel Molares do Val-(molares@yashoo.es-cronicasbarbaras.es)
A España llegan constantemente desde África inmigrantes indocumentados de los que se desconoce su origen e intenciones, y ahora se teme que vengan islamistas infiltrados entre ellos.
En este momento, según Interior, hay al menos un centenar de posibles terroristas islámicos en el país, la mayoría inmigrantes ilegales, que podrían actuar aquí como los que, siendo ya franceses, provocaron en París casi una veintena de muertes.
La policía se enfrenta a grandes dificultades para expulsar a muchos delincuentes extranjeros y a los sospechosos de yihadismo dadas las garantías legales de las que gozan, incrementadas por la misericordiosa y corrección política de algunos jueces.
En la Audiencia Nacional hay varios magistrados obsesos del garantismo con los sospechosos de propugnar la guerra santa, y le dificultan a la policía controlar sus comunicaciones telefónicas e informáticas.
Alegan que incluso los ilegales tienen derechos de intimidad, y para autorizar vigilarlos exigen pruebas que no se obtienen si no se autorizan previamente: esta pescadilla que se muerde la cola hace perder pistas importantísimas.
Muchos policías expertos yihad, los que exponen constantemente su vida al velar por nosotros, se sienten frustrados porque esos jueces, alguno de ellos “estrella”, favorecen objetivamente a los yihadistas.
Como muestra, expongamos sólo un caso: el magistrado Santiago Pedraz anuló hasta una veintena de pinchazos telefónicos a sospechosos que enviaban mujeres como servidoras sexuales para los yihadistas en Siria e Irak, aunque pese a él, se descubrió luego la red.
La Audiencia Nacional nació en democracia como tribunal encargado de juzgar el crimen organizado, como son el terrorismo, el narcotráfico, o el acoso a instituciones como la Corona, el Parlamento o el Gobierno, pero con el tiempo se ha contaminado con el estrellato ideológico y personal de algunos de sus titulares.
Estos jueces , se auto denominan Jueces para la Democracia. Como si , solo ellos fuesen los garantes de la misma..
De momento , son los que tumban los Derechos Constitucionales de los ciudadanos del estado español.
Como ciudadana de a pie , tengo mucho que reprocharles a toda esta profesión , cuya única obligacion , es preservar los derechos de los ciudadanos y respetar !a Constitución , en un estado de derecho.