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(El confidencial).- Un almirante, dos generales, un coronel y un capitán de fragata están pendientes de juicio oral desde hace nueve años por un presunto delito contra el patrimonio histórico en el recinto del Arsenal de Cartagena originado por la destrucción de unos diques de carena en seco construidos en el siglo XVIII. El procedimiento, iniciado formalmente en el año 2004, duerme el sueño de los justos en los estantes de los juzgados de Cartagena. Al menos cinco jueces distintos han tenido el asunto en sus manos sin que los trámites hayan desembocado en la celebración de la vista oral.
Los procesados son el almirante José Enrique de Benito Dorronzoro, el general de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos Leonardo Larios Aracama (fallecido), el general togado José Manuel Gordillo Álvarez-Valdés, el coronel Aurelio Manuel Valdés Sánchez y el capitán de fragata ingeniero Juan Manuel Acero y Gómez. Los cinco desempeñaban cargos de responsabilidad en el Ministerio de Defensa en 2000 y 2001, cuando se demolieron, sin consultar con el de Cultura, los diques históricos. El cuatro de noviembre de 2004, el magistrado-juez instructor Andrés Carrillo, del número uno de Cartagena, dictó auto de procedimiento abreviado como imputados contra ellos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal sobre daños al Patrimonio Histórico.
El auto establece que, desde finales de 2000 hasta un año más tarde, dentro del Arsenal de la Armada en Cartagena se llevó a cabo la destrucción “por completo” de “los antiguos diques de Sebastián Feringán, o de Jorge Juan, de carenar en seco, […] parte integrante (por su importancia cultural, histórica e ingenieril) del Patrimonio Histórico Español y una de las obras clave de la ingeniería naval de nuestro pasado”.
Las obras, continúa el auto, “se realizaron a sabiendas de que se iba a proceder a la destrucción completa de esos diques, sin consideración alguna respecto de las mismas, y sin contar para nada con el Ministerio de Cultura, al que no se le dio conocimiento alguno de los que se iba a actuar”.
El magistrado que inició este procedimiento penal, aplicable al enjuiciamiento de los delitos castigados con privación de libertad menor de nueve años, fue trasladado a un juzgado de Murcia en 2005. Desde entonces, los jueces Brígida Gil Páez, Rocío Escondrillas, Roberto Fernández Muñoz y Lourdes Prado Cabrero han pasado sucesivamente por el juzgado de instrucción número uno sin que se hayan registrado avances notables en el procedimiento ni fijación de fecha de apertura de juicio oral.
Normalmente, en los juzgados de Cartagena los procedimientos penales abreviados suelen ver celebrado el juicio oral a los dos o tres años. En este caso, son ya nueve los transcurridos.
Casi un año y medio después del auto del juez Carrillo, el fiscal Pablo Lanzarote pidió el sobreseimiento libre y archivo del caso, en febrero de 2006, anticipándose al escrito de acusación particular que hizo una petición de pena para los cinco imputados de tres años de prisión y 24 meses de multa, además de las responsabilidad civil correspondiente, el último día de marzo de 2006.
En mayo de 2011, el tema pasó a un juzgado de lo penal. Nada parece haberse movido tras esa última actuación, por lo que la Asociación de Defensa del Patrimonio (ADEPA) presentará una queja por dilaciones indebidas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Normalmente, en los juzgados de Cartagena los procedimientos penales abreviados suelen ver celebrado el juicio oral correspondiente entre dos y tres años después del inicio del proceso. En este caso, son ya nueve los transcurridos desde que el juez instructor lo puso en marcha.
Declarados Bienes de Interés Cultural
Los llamados Diques de Feringán tenían la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) por ser restos arqueológicos subacuáticos y por formar parte del conjunto histórico del Arsenal de Cartagena, uno de los tres, junto a los de Ferrol y Cádiz, que existen en España. Estaban protegidos por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español y por el Real Decreto 3046/80 de declaración del conjunto histórico de Cartagena.
Se trataba de unos diques de fábrica de ladrillo para el carenado y reparación en seco de navíos. Los proyectó el capitán de navío Jorge Juan, los construyó como director el ingeniero Sebastián Feringán y se terminaron en 1755, durante el reinado de Fernando VI. Fueron los primeros de su tipo en un puerto del Mediterráneo. Hasta entonces sólo existían en dársenas del Atlántico.
Cuando los responsables del Arsenal de Cartagena decidieron eliminarlos para dedicar el espacio que ocupaban a otras instalaciones militares, partes de sus restos fueron vendidos a un anticuario y otros arrojados a vertederos, asegura y tiene documentado la cartagenera ADEPA.
Las denuncias de ADEPA motivaron diversos intentos de intervención de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura “al que incluso se ignoró en reiterados escritos que se fueron presentando ante el Ministerio de Defensa”, especifica el auto del juez instructor Carrillo.
