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COGAMI celebra la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que supone un avance en el reconocimiento de derechos, la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal. «Esta aprobación supone un hito importante para todo el sector social», señala el presidente de COGAMI, Anxo Queiruga. Destaca los avances realizados en materia de discapacidad que valora como «un beneficio para toda la sociedad en el presente y en el futuro».
Entre los avances que destaca COGAMI con esta reforma figuran la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), la ampliación del catálogo de servicios, el impulso de nuevos modelos de apoyo a la vida independiente, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho, la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal y el refuerzo de la accesibilidad universal.
La mejora en la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal supondrá un avance en la accesibilidad en los edificios de viviendas, aunque desde COGAMI «no alcanza la solución que las entidades venimos reclamando» apunta Queiruga. Las entidades representativas de la discapacidad defendemos que sean asumidas por las comunidades propietarias las actuaciones necesarias en los elementos comunes para garantizar la accesibilidad y acompañadas de las ayudas públicas. Las medidas son urgentes, hay que recordar que son 100.000 las personas que viven confinadas en sus domicilios por falta de accesibilidad.
COGAMI reclama la necesidad de avanzar en una fiscalidad que tenga en cuenta el sobrecoste de la discapacidad, siendo necesario aplicar un IVA reducido del 4 % a los productos y servicios necesarios para la autonomía personal de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Esta medida fue trasladada durante la tramitación parlamentaria, pero no llegó a debatirse en el Congreso tras justificarse su veto por suponer un impacto presupuestario estimado de 144 millones de euros.
Asimismo, el movimiento asociativo de la discapacidad continuará reclamando la extensión de los beneficios fiscales asociados al reconocimiento oficial de un grado de discapacidad del 33% a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de avanzar hacia una protección económica y social acorde con sus necesidades de apoyo.
«Ahora el reto es convertir estos avances legislativos en mejoras reales para las personas cuanto antes, para ello es necesario contar con recursos suficientes», subraya el presidente de COGAMI.
