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La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo jueves, día 31, a cuatro personas acusadas de crear un entramado de empresas y de facturas falsas para cobrar subvenciones de la Administración.
En concreto, los hechos se remontan a un momento indeterminado de 2001, próximo al 17 de diciembre, cuando los cuatro acusados decidieron crear una sociedad con domicilio en As Pontes con la finalidad de «lucrarse ilícitamente de las subvenciones que pudieran obtener al amparo de diversa normativa«.
Para ello, recoge el escrito de acusación fiscal, se proponían hacer «la mínima inversión», pero aparentando, a su vez, «haber realizado una inversión mayor», con el fin de «conseguir así hacer suyos el importe de dichas subvenciones para fines distintos de los previstos y obtener, por parte de las Administraciones públicas, una financiación prácticamente al 100% de la pequeña empresa que se proponían constituir».
La idea inicial, apunta Fiscalía, era «constituir una sociedad con un capital social prácticamente inexistente» y basado en unos supuestos programas informáticos que «teóricamente tenían gran valor», pero que no existían. Además, se generaría «apariencia de desarrollo de actividad» a través de facturas falsas y se procedería a «confeccionar contratos de trabajo que simulasen que la empresa mantenía el nivel de ocupación que se exigía por cada una de las subvenciones aprobadas».
Con ello, se constituyó una empresa con un capital social de 541.000 euros, de los que solo 12.024 eran aportaciones en dinero de los socios y casi 502.000 eran la valoración de los supuestos activos tecnológicos.
Dado que el Registro Mercantil de A Coruña les denegó dos veces el inscribirla como Sociedad Anónima, la conformaron como S.L., aunque el escrito de acusación apunta a que empleaban el término S.A. tras el nombre para sus comunicaciones.
En base a esta empresa, obtuvieron una subvención de 340.000 euros en noviembre de 2004. Les fue aprobada también una ayuda de Endesa de más de 255.000 euros, que no llegó a otorgarse por el inicio de la investigación al respecto.
Con la misma finalidad, dos de los acusados constituyeron también en octubre de 2004 otra empresa en la que figuraban como socios al 50%, nombrando administrador único a otro de los procesados. Esta sociedad «no llegó en momento alguno a poseer realidad física«, aunque los acusados solicitaron la devolución del IVA de la misma.
Por los hechos, el Ministerio Público considera a los cuatro acusados autores de un delito continuado de falseamiento de condiciones para obtener una subvención, un delito de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de falsedad de cuentas anuales sociales y un delito de estafa agravada. Asimismo, procesa a la persona que contrataron de forma simulada, a la que acusa de un delito de falsedad en documento oficial.
