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Los lanzamientos en Galicia descienden un 28 % en el tercer trimestre respecto a los ejecutados antes de la pandemia. Los juzgados gallegos practicaron en el tercer trimestre del año 320 lanzamientos, de los que 254, el 79,3 %, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impagos de alquiler.
Otros 59 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y, los siete restantes, derivaron de otras causas. En comparación con el mismo periodo de 2019, es decir, antes de la crisis sanitaria, los lanzamientos ejecutados en la comunidad descendieron un 28 %, pues entonces se realizaron 445.
Si los datos los ponemos en relación con los registrados en 2020, bajaron un 10 %, al pasar de 356 a 320. En el conjunto del Estado, los lanzamientos practicados entre julio y septiembre disminuyeron un 14,9 % respecto a 2019, según se desprende del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’, hecho público hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Galicia se realizaron durante ese periodo 11,9 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18,3 de media estatal.
El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la comunidad en el tercer trimestre del año aumentó un 60,8 % con respecto a 2019. Entre julio y septiembre de 2021 se presentaron 222 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 138 del año anterior a la crisis sanitaria. En el conjunto del Estado se presentaron 6.504, lo que supone un incremento del 87,4 % con respecto a 2019.
Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas
El estudio también refleja que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Por tanto, recibieron un 35,3 % menos que en 2019, cuando ingresaron 34, y las mismas que en el mismo periodo de 2020, pues también se registraron 22. En el conjunto del Estado, en el tercer trimestre de 2021 se ingresaron 906 demandas de este tipo, un 7,8 % menos que el año anterior.
Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, en Galicia se registraron 0,8 por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la comunidad, junto con Castilla y León, que presenta la misma tasa, como la cuarta en la que menos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas se presentaron. Solo Asturias (0,7), el País Vasco (0,6), y Navarra (0,2) tienen una cifra menor.
Concursos y despidos
El informe presentado hoy también incluye datos de los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil, que prácticamente se mantienen con respecto al tercer trimestre de 2020. El año pasado se registraron 78; y, este, 70, los mismos que en 2019. Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015 corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia de julio a septiembre 84 casos, prácticamente los mismos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 82, y un 68 % más que en el tercer trimestre de 2019, periodo en el que se presentaron 50.
En cuanto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), en la comunidad gallega se contabilizaron en el tercer trimestre del año 11, un 83,3 % más que en 2020, cuando se registraron seis, y un 22,2 % más que en 2019, cuando se contabilizaron nueve.
En los juzgados de lo social, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, se interpusieron 1.199 demandas por despido, lo que supone un descenso interanual del 29,7 por ciento, pues el año pasado se registraron 1.706; y, en 2019, se contabilizaron 1.448, un 17 % más.
El estudio, además, refleja un incremento de los procedimientos monitorios presentados en el tercer trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se interpusieron 8.629, frente a los 8.920 del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 3,3 %.
En 2019 se registraron 7.596, un 13,6 % menos. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Cláusulas suelo
En el tercer trimestre de 2021 los juzgados especializados ingresaron 1.118 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, resolvieron 1.210 asuntos de esta naturaleza, un 20,6 % más que en 2020, y dictaron 1.160 sentencias, de las cuales el 97,8 % fueron estimatorias.
Más información en el enlace https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Efecto-de-la-Crisis-en-los-organos-judiciales/
