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El Gobieno Local ferrolano ha anunciado tras la conclusión del Consejo de Administración de Emafesa celebrado el mediodía de este martes que auditará a la empresa mixta de aguas para determinar las posibles responsabilidades penales del socio privado (Socamex-Urbaser) «nas graves irregularidades destapadas pola actual equipa na xestión da EDAR de Cabo Prioriño a fin de recadar toda a documentación precisa para elevar a denuncia ante a Fiscalía».
Así lo manifestó el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, quien estuvo acompañado durante el Consejo por los concejales Beatriz Sestayo, Eugenia Freire y Bruno Díaz. Dicha auditoría se efectuará de forma «independente, técnica, económica e inminente para que poña de releve as deficiencias atopadas na planta de Prioriño e os incumprimentos da encomenda feita desde o Concello para a explotación, mantemento e conservación das obras para tratar e depurar as augas residuais da ría», señaló Suárez.
De esta forma, el Gobierno en bipartito está decidido a examinar con detalle las cuentas de Emafesa, tanto en el balance económico como en la gestión técnica y urbanística que se ha estado haciendo en la EDAR de Cabo Prioriño desde que la anterior corporación aprobó en pleno la encomienda de la gestión de Emafesa el 29 de mayo de 2014.
Tras el resultado de la misma, se pondrá toda la documentación recogida a disposición de la Fiscalía para que determine si en los hechos acontecidos existe algún ilícito penal como pudiera ser delito ambiental, económico o de derecho público.
Por su parte, la concejala socialista Beatriz Sestayo fue contundente en sus declaraciones al denunciar que la gerencia de Emafesa está ocultando al Gobierno Local la inspección técnica de Augas de Galicia realizada en la EDAR el 1 de septiembre, en la víspera del Consejo de Administración celebrado el día 2 y de la que no se informó al Concello de Ferrol.
«Sorprendentemente, hoxe nos enteramos que o día anterior ao anterior Consello, a Xunta de Galicia fixo a primeira visita de inspección a EDAR que nunca fixera Augas de Galicia e que fixo xusto ese día; foi algo que tampouco tiveron a ben decirnos», manifestó Sestayo en declaraciones a los medios tras la conclusión de la reunión.
«A ocultación de información é constante por parte de Emafesa e da Xunta», incidió la primera teniente de alcalde. «Tampouco hai ningunha información por parte da Confederación Hidrográfica nin do Ministerio sobre os informes que aparecen publicados».
Derogamiento de la tasa de saneamiento
«Seguimos adiante coa nosa intención de derogar a ordenanza pola taxa da depuración xa que o feito impoñible non se deu», manifestó Suárez, quien incidió como en otras ocasiones que este tributo cobrado de forma indebida será uno de los puntos a debatir en el pleno extraordinario que se celebrará este próximo 17 de septiembre.
El regidor también reiteró la exigencia del Gobierno ferrolano para que cese el actual gerente de Emafesa, «una destitución máis que necesaria», apuntó, la cual fue debatida en el Consejo de Administración. Urbaser, parte privada de Emafesa, se opuso a este cese con un bloqueo en la votación que, de acuerdo a los estatutos de la sociedad, establece que es necesaria una mayoría más dos votos –el Concello cuenta con 4 votos y Urbaser con 3 si bien en los Estatutos figura que el concello tendrá la mitad más 2.
Ante las evidentes diferencias, el ejecutivo de Suárez propone un modelo de gestión colegiado integrado por dos personas cualificadas –técnicos nombrados por las dos partes- y fijando métodos de control mutuo.
«Coidamos que o convenio con Emafesa arrastra un defecto de forma desde a súa constitución, no ano 99. Non ten moito sentido que ocorra isto nunha empresa pública ao 51%. Este Goberno non está disposto a tragar con este tipo de prácticas onde parece que o público quedan nun segundo plano e se deixa todo en mans desta empresa», apuntó Suárez.
Consiguientemente, se impugnará el convenio con Augas de Galicia al constatar que la Xunta entregó una obra –declarada de interés general del Estado en julio de 1997- en la que se acumulaba una serie de deficiencias técnicas que requerían de grandes reparaciones, haciendo por ello inviable la depuración. Según el Gobierno ferrolano, no se puede gravar un tributo a los vecinos del municipio en concepto de tasa de saneamiento por un tratamiento de aguas residuales que no se realizó.
Son una banda. Los del Concello. Saben que la parte privada de EMAFESA no saldrán a dar su opinión a los medios y que tienen carta blanca para decir lo que quieran. Si van a encargar una auditoría para conocer el estado de la gestión cómo se puede decir que una vez terminada se la trasladarán al fiscal. Lo que hay que hacer, una vez terminada, es estudiar la misma y caso de apreciar una irregularidad entonces si trasladarla al fiscal. Lo dicho, una banda.