Piqueteros violentos

Manuel Molares do Val-(molares@yahoo.es-cronicasbarbaras.es)

Cayo Lara, líder comunista de Izquierda Unida, le pidió esta semana a Mariano Rajoy en el Parlamento que ordene a la fiscalía que cancele la petición de penas de cárcel para cuarenta sindicalistas miembros de “piquetes informativos”, que serían enviados a la cárcel si los condenan a más de dos años.

Realmente hay 260 trabajadores procesados para los que piden una suma de 120 años de cárcel, menos de medio año cada uno de media, por lo que la gran mayoría no iría a prisión.

Lara acusaba a Rajoy de haber emprendido una campaña contra el derecho de huelga, pero el primer ministro lo desconcertó al asegurar que los casos que conocía venían de la etapa de Rodríguez Zapatero, y de acuerdo con la ley vigente.

Todo nace de que es diferente el derecho de huelga y a informar a los compañeros de que no deberían trabajar, de las brutales agresiones a quienes quieren hacerlo, y de dañar o destruir las instalaciones de cualquier empresa.

Los piquetes informativos se regularon ya en los albores de las grandes democracias imponiendo una distancia mínima entre sus áreas de protesta y la empresa, para que quienes desearan trabajar pudieran hacerlo: libertad de huelga, libertad de trabajo, sin coacciones físicas.

La democracia española consagró el derecho a la huelga, pero no limitó, como las otras, la actuación de los piquetes, por lo que en caso de agresiones o daños graves a otros trabajadores o instalaciones se aplica el código penal común.

No hay una ley de huelga por la oposición de los sindicatos, lo que lleva a los piqueteros violentos a ser tratados como delincuentes, aunque en los países comunistas que tanto admiran Cayo Lara y sus camaradas, los huelguistas podrían sufrir la pena de muerte.