Galicia Ártabra Digital Noticias de Ferrol y la comarca de Ferrolterra.
El sector de la seguridad privada en Galicia ha denunciado este miércoles en Ferrol una situación que califican de «insostenible» y, para ello, cerca de un centenar de personas –convocadas por UGT y USO– se han concentrado a las puertas del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol para dar visibilidad al incremento de las agresiones físicas y verbales que sufren durante el ejercicio de sus funciones en centros de salud y hospitales.
La protesta surge como respuesta directa al recrudecimiento de la violencia en el ámbito sanitario, cuyo detonante más reciente fue la grave agresión sufrida por un vigilante hace unos días, quien perdió parte de una oreja tras el ataque de un usuario.
El responsable de seguridad de UGT, Antonio López, ha señalado durante la movilización que este suceso no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un problema estructural.
«El motivo de esta concentración es darle visibilidad al problema cada vez más frecuente que son las agresiones que están sufriendo los guardias de seguridad en todos los centros sanitarios», ha explicado López.
PROBLEMA COMPARTIDO
La jornada de protesta, que incluyó una manifestación desde el Hospital Arquitecto Marcide hasta el Hospital Naval, contó también con el respaldo de personal sanitario, colectivo que atraviesa una situación similar.
Según López, la falta de medidas de seguridad adecuadas deja desprotegidos a quienes, precisamente, deben velar por el orden en los recintos públicos. «Los guardias están para velar por el bienestar de los centros, no para recibir las agresiones que están recibiendo, que cada vez son mucho más frecuentes por parte de pacientes o familiares», denunció el representante sindical.
La concentración de este miércoles en Ferrol es la segunda de un ciclo de protestas que recorrerá las principales ciudades gallegas para exigir soluciones a la administración y a las empresas del sector. Así, Lugo será la próxima cita, el día 18 de febrero, movilización a la que seguirán en Ourense y Pontevedra en los meses de marzo y abril.
Con estas acciones, los sindicatos esperan forzar una revisión de los protocolos de seguridad y un refuerzo de las plantillas en puntos críticos, con el fin de garantizar la integridad física de los trabajadores que desempeñan su labor en la primera línea de atención al ciudadano.
