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Vázquez asegura que los argumentos del Supremo siguen un criterio distinto al TSXG sobre la hipotética afectación de los aerogeneradores.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, entiende que la suspensión cautelar del parque eólico de Moeche (A Coruña), que es de tramitación estatal, por parte del Tribunal Supremo (TS) sigue un criterio distinto al que emplea el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, por tanto, avala tramitaciones que hace la Xunta.
Así se ha referido Vázquez al auto conocido esta semana por el cual el Supremo aceptaba la suspensión que solicitaba la asociación Petón do Lobo, porque el Ministerio para la Transición Ecológica no había tenido en cuenta el efecto acumulativo de parques eólicos en la zona para realizar su declaración de impacto ambiental (DIA). En este caso, el trámite lo realiza el Gobierno central porque el proyecto es de más de 50 megavatios de potencia.
En cambio, según ha señalado este sábado la conselleira de Medio Ambiente, los «efectos sinérgicos» que en este caso echó en falta el TS «sí se tienen en cuenta» en las DIA que tramita la Xunta sobre los parques de menos de 50 megavatios». «Lo cual vuelve a demostrar que somos más rigurosos y exigentes que el Estado en las tramitaciones ambientales», ha apostillado la responsable autonómica.
Además, tal y como ha explicado Vázquez, el Supremo dice en su auto que «no se pueden suspender los parques eólicos únicamente basándose en el principio de precaución», es decir, que «no se puede basar solo en un hipotético daño medioambiental».
Para la conselleira, esto es «sumamente relevante, porque el TSXG suspende los parques de tramitación autonómica basándose en este principio» y no en que haya una prueba «clara» de que «se producirán perjuicios irreversibles» en el entorno.
Este mismo sábado, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático ha asistido a la primera jornada de la Supercopa Galicia Terra de Melide de rastreo de jabalí con perros, en la que habrá un centenar de participantes procedentes de Galicia y de otras comunidades autónomas.
