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El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santiago, Gonzalo Muíños Sánchez, ha sido suspendido de la militancia del Partido Socialista durante un periodo de 18 meses por «indisciplina reiterada«, tal y como señala la resolución del expediente disciplinario abierto por la formación.
Según la resolución del expediente se le atribuye una «indisciplina reiterada» y lo suspende de militancia y cargo público durante 18 meses por diez incumplimientos de la normativa del partido que suponen la comisión de infracciones graves o muy graves.
La sanción implica que el cargo de portavoz municipal deberá ser escogido por la ejecutiva municipal entre los restantes miembros que integran el grupo, de acuerdo con la normativa. Para ello, la dirección local prevé reunirse en la tarde de este viernes.
Todo ello a raíz del conflicto en la agrupación local del PSOE que estalló en el pleno que el Ayuntamiento celebró el pasado 24 de junio, en el que todos los ediles desafiaron la directriz marcada por la dirección local, capitaneada por Aitor Bouza, y votaron a favor de una ordenanza sobre la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT).
En el marco del conflicto en el seno de la agrupación local y en la misma jornada en la que se celebraba el pleno, la dirección local aprobó el relevo de dos de los asesores del grupo, una orden que el portavoz municipal no firmó y por la que los dos afectados continúan trabajando para los concejales.
De este modo, en una comunicación con fecha de este viernes, el partido explica que la ejecutiva federal resolvió en la jornada del 16 de enero el expediente por la posible comisión de 15 incumplimientos, de los que ve acreditados 10.
Así, apunta que «tras meses de tramitación y de investigación llevados a cabo por el instructor nombrado en el procedimiento, Moisés Rey, la dirección federal asume la propuesta de resolución elevada por este el pasado 27 de diciembre en su integridad».
EL PSOE VE PROBADA LA «INDISCIPLINA REITERADA»
De este modo, considera probada la indisciplina reiterada del expedientado de hasta un total de 10 incumplimientos de la normativa del partido, lo que provoca una suspensión de 18 meses de militancia y de cargo público socialista.
Esos meses de suspensión, conforme indica el documento a los medios de comunicación se corresponden con la suma total de todas y cada una de las sanciones impuestas a cada uno de los incumplimientos del reglamento que considera que quedaron acreditados.
Las sanciones se enmarcan en el incumplimiento de faltas graves y muy graves, fundamentalmente «la obstrucción de la labor y decisiones de los órganos del partido» o la «actuación, por acción o por omisión, en contra de acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido», entre otras.
La formación señala que «se constató el incumplimiento por parte del expedientado del compromiso socialista firmado para poder formar parte de la candidatura socialista a las elecciones municipales», en el que «se recoge la obligación de acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias y con impacto en el ejercicio de su función como candidato, y en su caso, como representante institucional del PSOE, que dicten los órganos del partido, asumiendo las consecuencias ligadas a la indisciplina que deriven de ello«.
VOTACIÓN EN EL PLENO
En lo que respeta a la votación en el pleno del ayuntamiento de la ordenanza de usos asimilados (VUT) en el pleno del 24 de junio en contra de lo mandatado por la dirección local concluye con un apercibimiento, puesto que considera que «quedó acreditado en la tramitación del expediente que tanto la ejecutiva municipal como del grupo municipal en lo que respeta al fondo de la cuestión defendieron exactamente lo mismo: la regulación de los pisos turísticos».
El partido considera que la discrepancia entre ambos se evidenció en la estrategia a seguir en la negociación con el gobierno municipal para la aprobación del texto de la ordenanza que se sometía a votación. Así, indica que la dirección local pretendía que se condicionase su aprobación a un plan más ambicioso e integral de vivienda en la ciudad que incorporase la declaración de la zona tensionada y abordase la problemática de las viviendas vacías.
Sin embargo, la formación señala que el Grupo Municipal pretendía aprobar la ordenanza sin mas exigencia que lo ya aprobado por el trabajo realizado por el anterior gobierno socialista.
