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Ya se dilató «más de lo tolerable»
El tribunal que juzga la catástrofe marítima del ‘Prestige’ ha rechazado la suspensión del juicio, solicitada por la defensa del capitán del petrolero ante la incomparecencia en el mismo de la armadora Universe Maritime, en un auto en el que argumenta que la celebración de esta vista se ha dilatado «más de lo tolerable».
En 33 folios, el tribunal responde a las cuestiones previas planteadas en el inicio de la vista por los letrados, en relación a la admisión o no de testigos, de nuevas pruebas o la declaración de nulidad parcial de algunas de ellas.
En el auto, admite el informe pericial presentado por la Fiscalía, que cifra en unos 4.442 millones el impacto económico y medioambiental de la catástrofe, y que se aporte copia de la sentencia del Tribunal de Estados Unidos sobre el litigio entre España y la entidad ABS para el resarcimiento de los daños.
Por la ausencia en el juicio de la operadora-armadora Universe Maritime, al no haber sido posible su localización, el tribunal entiende que «no ha lugar» a la suspensión, entre otras razones, porque se le pide solo responsabilidad civil. No obstante, admite el derecho de las partes a reservarse la posibilidad de emprender acciones civiles.
Documentación y periciales
También rechaza la nulidad de las inspecciones submarinas realizadas en el pecio o que se declare nulo la documentación incautada en el barco en los días posteriores a la catástrofe, tal y como solicitaba el abogado del capitán.
En los mismos términos, se pronuncia sobre la nulidad del informe del perito Santiago Martín Criado, que pidieron los abogados de acusaciones como ‘Nunca Máis’, al entender que hubo «parcialidad» en su dictamen por haber participado en una de las reuniones del gabinete de crisis constituido tras la catástrofe.
Sobre esta cuestión, el tribunal admite que puede haber «sólidos argumentos» en este planteamiento, pero recuerda que no fue «recusado en ningún momento», añade.
En cuanto a las testificales, admite, entre otras, la petición del letrado de las 70 Cofradias de Galicia, Asturias y Cantabria que pedía que declarasen representantes de los pósitos afectados por el siniestro.
Lo mismo hace en relación con otras testificales, al admitir, a petición de la Abogacía del Estado, la comparecencia como testigos de los responsables de los comisionados de Medio Ambiente y Fomento durante la gestión de la catástrofe.
