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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este martes en Ferrol las propuestas de su formación para paliar los efectos de la espiral inflacionista, entre las que se incluye un plan de choque de 700 millones para ayudar a las personas y pymes ante el alza de precios.
Pontón ha participado en la ciudad departamental en un acto público dentro de la campaña que el Bloque desarrolla por toda Galicia bajo el lema ‘Os prezos soben, os teus cartos baixan’.
En el acto, del que ha informado la formación nacionalista en un comunicado, ha recordado que mientras Galicia cuenta con salarios por debajo de la media y con las segundas pensiones más bajas del Estado, el IPC de mayo fue del 9,6%, casi un punto por encima de la media estatal.
«Una escalada inflacionista que ha provocado una subida de los precios en productos básicos», ha indicado para señalar que hoy los gallegos pagan un 42% más por el aceite, un 32% más por los huevos y un 15% más por la leche. «La bombona de butano cuesta 20 euros, un 33% de subida, la gasolina subió un 47%, y la factura de la luz está convertida en una estafa legalizada», ha censurado.
Ante ello, en la presentación, en la que también ha participado el portavoz municipal Iván Rivas, Pontón ha destacado que la peor crisis de precios en cuatro décadas «requiere medidas urgentes» por lo que el BNG presenta «un plan de choque» para movilizar 700 millones de euros destinados a paliar los efectos de una inflación descontrolada.
«Son las medidas que tomaría un gobierno del BNG ante la subida de precios que está ahogando a las familias, a la clase trabajadora y a las empresas», ha destacado la portavoz nacional, en contraposición a la «parálisis» de un gobierno del PP que «no tiene alternativas ante el impacto de la escalada de precios» más allá de la «receta fracasada de bajar impuestos a quien más tiene y, de ese modo, seguir debilitando al sector público que se financia, precisamente, vía fiscal».
Pontón ha detallado las principales propuestas de ese plan de choque, que incluye un fondo de rescate social por importe de 90 millones de euros para ayudar a los colectivos más desfavorecidos con medidas como incrementar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, las de menor cuantía; mejorar la prestación de la Risga y hacer que sea compatible con la percepción del ingreso mínimo vital; así como incrementar las ayudas para sufragar los gastos básicos de vivienda para las rentas más bajas.
La segunda gran línea de actuación es un fondo de rescate económico dotado con 175 millones de euros destinado a los sectores productivos y a las pymes, con acciones como un programa para incentivar el consumo en el comercio local y la hostelería, y 40 millones para el sector primario, tanto agroganadero como pesquero.
Además, incluye como tercera medida un plan de inversiones extraordinario en obra pública, centrado en vivienda, transición energética y transición digital, capaz de movilizar 325 millones. En cuarto lugar, un fondo de apoyo a los ayuntamientos de 35 millones para compensar la subida de la factura de la luz y de los carburantes, así como para cubrir la revisión de precios en los contratos de obra de la administración local.
Por último, contempla un fondo de liquidez de 75 millones de euros para facilitar líneas de financiación y avales a las pequeñas y medianas empresas. «Lo que no podemos es tener un gobierno del PP cruzado de brazos, lo que urge es tomar medidas para frenar el empobrecimiento de la mayoría social», ha concluido.
