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La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha puesto en valor este lunes, día 22 de noviembre, la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, tal como demuestran las cerca de 25.000 actuaciones realizadas este año en la provincia coruñesa.
María Rivas ha visitado las instalaciones de la Inspección de Trabajo en A Coruña y ha evaluado con el responsable del servicio, Benigno Sánchez, la reciente aprobación por parte del Gobierno del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023, que apuesta por modernizar la entidad, dotándola de herramientas y recursos que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral.
Se trata de un plan para modernizar la Inspección de Trabajo, un organismo clave para la defensa de los derechos laborales, ya que se pretende conseguir una inspección de trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo y que defienda los derechos conquistados.
En su ambición por avanzar hacia un nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el plan contempla fortalecer la institución con importantes transformaciones estructurales que permitirán readaptar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta los sustanciales cambios económicos y sociales, que se han visto acelerados con la pandemia.
Por ello, el plan contempla mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación.
A fin de preservar su papel como instrumento de garantía de los derechos laborales y sociales, contribuir a la mejora de la calidad del empleo y la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral; la entidad se renovará actualizando estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas de fraude laboral más novedosas.
En este sentido, se creará la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, que aboga por combatir de forma real y eficaz todo tipo de discriminación, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, entre otros.
Asimismo, el plan también configura una Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, entre cuyos cometidos se encuentra detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.
La modernización pasa además por impulsar las nuevas tecnologías en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar los perfiles necesarios para hacer frente a esos nuevos retos que surgen con una mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.
El plan prevé reforzar la intervención de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, en las suspensiones de contratos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos.
Además, se revisará toda la normativa para adaptar su contenido a la realidad de los entornos digitales y se cubrirán necesidades o vacíos de regulación, en particular con las nuevas formas de trabajo y el uso de las tecnologías.
Con todo ello, se pretende acercar la Inspección de Trabajo a la ciudadanía promoviendo la entrega de documentación en formato electrónico y unificando los cauces de denuncia con la creación de un sistema de remisión electrónica, sin perjuicio del mantenimiento del Buzón actual.
Con el fin de conseguir los objetivos fijados en el Plan Estratégico, el presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha incrementado un 20% entre 2020 y 2021.
La relevancia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas trabajadoras, se pone de manifiesto en los resultados obtenidos a lo largo del presente año: 50.191 empleos irregulares que han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares transformados en indefinidos.
En la provincia de A Coruña han sido 2.291 los contratos temporales irregulares transformados en indefinidos y 537 los empleos sumergidos detectados. Por ello, María Rivas ha querido destacar el enorme esfuerzo desarrollado desde la Inspección de Trabajo de A Coruña, tal como demuestra que en lo que va de año ha realizado 24.836 actuaciones, con el resultado de 1.105 actas de infracción y otros 4.193 requerimientos, todo ello generando sanciones por importe de casi cuatro millones de euros
