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La Xunta de Galicia decidió asumir la gestión del transporte urbano de la ciudad de Ferrol tras acreditar que esta era a única alternativa viable para garantizar los servicios de autobús ante la inminente caducidad de las actuales concesiones.
El Ayuntamiento de Ferrol carece de un sistema definido para cumplir en este año 2019 con su deber legal como ciudad de más de 50.000 habitantes de prestar servicios de transporte urbano.
Durante el proceso de elaboración del Plan de transporte público de Galicia, la Xunta se dirigió en diferentes ocasiones al Ayuntamiento de Ferrol para trasladarle la necesidad de aprovechar la caducidad de las actuales concesiones de transporte para poner en marcha un sistema de autobús urbano, como el que gestiona el resto de las ciudades gallegas.
Ante el último de los requerimientos del Gobierno gallego, el Ayuntamiento de Ferrol se limitó a trasladar, la finales del pasado mes de diciembre, que tenía en marcha diferentes estudios sobre la demanda y las alternativas de gestión del transporte público en la ciudad.
Se evidenció, por tanto, que el Ayuntamiento de Ferrol no estaba en condiciones de cumplir los plazos y exigencias legales para contratar las nuevas líneas de transporte antes de la caducidad de las actuales, lo que se producirá en los próximos meses.
Resolver viejas demandas
Por ese motivo, el Gobierno gallego decidió sacar a licitación pública un contrato destinado a la prestación de los servicios de transporte en el término municipal de Ferrol, resolviendo, además, viejas demandas, como la de la mejora de la conexión del Hospital Naval.
En caso de que la Xunta de Galicia actuara de forma diferente y no incluyera en el Plan de transporte público las líneas municipales, los vecinos de Ferrol quedarían sin servicios de autobús a partir del próximo mes de agosto, cuando perderán su vigencia gran parte de las concesiones actualmente en vigor.
Por otra parte, el Gobierno gallego recuerda su conformidad con la suspensión cautelar del procedimiento de licitación de las nuevas líneas de transporte hasta que el Tribunal administrativo de contratos públicos se pronuncie sobre el recurso anunciado por las patronales de transporte, aun no formalizado.
La Xunta defiende la total corrección del procedimiento sucesivo y, toda vez que el trabajo avanzado no compromete los plazos, considera preferible suspender la contratación de las líneas hasta que quede despejada cualquier duda sobre el proceso y blinda su seguridad jurídica. El objetivo es que los contratos se adjudiquen y los servicios se pongan en marcha en condiciones de plena seguridad jurídica.
