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El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación definitiva del cuarto convenio colectivo de Navantia, decisión de la Audiencia Nacional ante la que había recurrido el grupo naval público.
Fuentes sindicales han ratificado la determinación judicial, que implica retrotraerse al tercer acuerdo marco «a todos los efectos».
Así lo ha estimado la corriente sindical Gañemos CCOO, que ha hablado de «una victoria total» y de una sentencia que «entierra definitivamente el nefasto cuarto convenio colectivo de Navantia».
Esta agrupación ha solicitado a la empresa el «cumplimiento íntegro e inmediato del tercer convenio; el convenio colectivo es ley y las leyes están para cumplirse, tienen que devolvernos todo lo que está pendiente y pagar todo lo que nos adeudan».
«No hay excusas, ni siquiera las limitaciones presupuestarias que solo existen cuando le conviene al PP», ha agregado el colectivo.
A su juicio, «si había dinero» para «pagar la garantía de permanencia que sustituía a las asimilaciones», uno de los puntos sobre los que estribó la polémica en torno al pacto laboral, «también tiene que haberlo para pagar ahora las asimilaciones».
Según Gañemos CCOO, «la dirección de Navantia cometió un error clásico en las empresas, juzgar a los trabajadores a través del prisma de los dirigentes que negocian con ellas».
En este sentido, ha reseñado que José Antonio Oliva, en su día presidente del comité intercentros, fue «comprado» por la compañía.
«Otros, viendo todo muy normal; las federaciones sindicales, pregonando que había que aceptar recortes porque los hay en todas partes», ha subrayado ante un convenio que rechazó en asamblea la planta de Ferrol, a diferencia de otros centros productivos del resto de España.
El grupo sindical ha sostenido que «si en 2013 la comisión negociadora llega a firmar legalmente el cuarto convenio no solo habríamos perdido muchos de nuestros derechos, sino que estaríamos en un quinto o sexto convenio que habría profundizado en los recortes».
Sobre Oliva, a quien ha tildado de «traidor», ha apostillado que otros representantes sindicales optaron «por aceptar con toda naturalidad» sus «planteamientos por ser incapaces de distinguir entre los intereses de la empresa y los de los trabajadores».
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