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En el Concello de Cariño se llevó a cabo la demolición de la estructura de un edificio, después de haberse declarado como ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Concretamente, la estructura estaba situada en el lugar de Figueiras, en la parroquia de A Pedra. La reposición de la legalidad la llevó a cabo la propia interesada, tras distintas multas coercitivas impuestas por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia.
El motivo de esta actuación fue el uso ilegal, es decir, el inicio de una edificación con solera de hormigón y cimentación, fosa séptica y muro de contención, excavación, relleno y terraplenado, pozo con bomba y cuadro eléctrico, en una zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Cariño está adherido a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística por un convenio firmado en el año 2009.
La resolución administrativa por la que se impuso una sanción y se ordenó la reposición de los terrenos al estado anterior fue confirmada en sede judicial por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero ante el incumplimiento voluntario de la responsable se dictó orden de apercibimiento previo para que diera cumplimiento la resolución administrativa confirmada por la justicia.
El pasado mes de abril, se realizó una inspección a la parcela con el objeto de obtener los datos precisos para la redacción del proyecto de demolición. En esta visita se constató que la obligada dio cumplimiento a la orden de reposición de los terrenos, demoliendo lo ilegalmente construido.
La APLU no tiene como objetivo derribar, sancionar y recaudar, sino contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego, crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respeto por la naturaleza y el cuidado del medio.
En definitiva, la finalidad de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística es velar por el uso racional del suelo conforme al que dispone la normativa reguladora del urbanismo y del litoral, especialmente en el medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo.
