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Los cuatro acusados de integrar la organización independentista ‘Resistencia Galega’, juzgados este lunes, día 24, por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, han negado su pertenencia a la banda y han sostenido que defienden los «cambios» sociales, pero por la vía «democrática».
El fiscal Marcelo de Azcárraga solicita para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una pena de 12 años de prisión, al atribuirles los delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
A las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega se reunió con Vigo Domínguez, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente.
Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en la localidad de Teo, perteneciente a Santiago de Compostela.
En relación con estos hechos, Eduardo Vigo ha explicado que desconocía el contenido de la bolsa de deporte que contenía los explosivos y que la recogió, como un favor personal que le hizo a Roberto Rodríguez, por la «amistad» que les une y por lo que no pensó que fuera «nada» ilegal.
Respecto de la documentación falsa incautada, Eduardo Vigo ha indicado que la documentación no estuvo en su poder, al tiempo que ha denunciado que, «como independentista gallego», no tiene el mismo trato que el resto de los reclusos en la cárcel. Vigo ha negado conocer la existencia de ‘Resistencia Galega’ y ha dicho que para él la palabra «resistencia» no significa «nada».
Roberto Rodríguez ha asegurado que fue a recoger la bolsa que contenía los explosivos «debajo de un puente» tras leer una nota con las indicaciones necesarias para hallarla, que encontró dirigida a él en el centro social al que acudía con asiduidad. Así, ha detallado que la bolsa contenía otra nota en la que le pedía que la entregara en el Bar Castelao y que «abusando» de la confianza que tenía con Vigo, le pidió que la llevara él.
Pelucas para Carnavales
También ha rechazado haber visto «en ningún momento» la documentación falsa encontrada en el registro de su domicilio, ha destacado que las pelucas eran para «carnavales» y ha señalado que desconoce que exista una organización que persiga la independencia de Galicia a través de medios violentos. «Todos los cambios tienen que ser democráticos y populares», ha declarado Rodríguez.
«Estoy a favor de que los procesos políticos se resuelvan por vías democráticas«, ha manifestado Antón Santos durante su interrogatorio, en el que ha agregado que no tiene ninguna vinculación con el terrorismo independentista. Santos ha asegurado que, debido a que es doctor en Historia y, en aquel momento, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el ordenador que se le incautó contenía «todo tipo de materiales» para sus investigaciones «históricas».
En último lugar, ha declarado María Osorio, quien ha dicho no tener explicación para que se haya encontrado un DNI falso en el domicilio de Rodríguez con su fotografía. En cambio, ha reconocido haber sido militante de base de la Asamblea da Mocidade Independentista (AMI), en la que desarrollaba campañas políticas, asistencia a reuniones, despliegues de pancartas y protestas, por ejemplo, contra Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Testigos políticos
Como testigos de la defensa, han declarado los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos políticos gallegos. Así, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha denunciado la existencia de acciones violentas contra las sedes de partidos y ha concretado que, en los últimos tres años, se han producido «al menos cinco» acciones violentas contra el PP.
«Que yo sepa no«, ha contestado Abel Losada, portavoz del PSdeG, al ser preguntado sobre si conoce ataques contra instituciones gallegas. Sin embargo, ha denunciado los atentados sufridos por parte de entidades locales de su partido y ha agregado que no hay un miedo objetivo en Galicia, pero que los artefactos explosivos «atemorizan».
El portavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, ha afirmado que desde los años 80, el nacionalismo gallego no tiene carácter terrorista y ha indicado que «al contrario«, ha rechazado «explícitamente» las vías violentas. Además ha agregado que «en absoluto» tiene conocimiento de que se hayan perpetrado acciones contra el Parlamento gallego u otra institución. Sí ha puesto de manifiesto la existencia de asociaciones «de apoyo a ciudadanos a los que se le aplica la ley antiterrorista».
«¿Puedo aportar algo o no puedo aportar nada?», ha preguntado Beiras a la Sala presidida por el magistrado Alfonso Guevara, quien, de manera reiterada, ha interrumpido los interrogatorios de los dirigentes políticos al considerar las preguntas de la defensa improcedentes. «Puede callarse«, ha espetado Guevara a Beiras.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha afirmado que el nacionalismo gallego «siempre fue democrático y pacífico» y ha manifestado que no le consta ningún ataque terrorista a las instituciones autonómicas. El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, sí ha sostenido que «por supuesto» hay acciones violentas con «explosivos» con «potencial daño» contra oficinas públicas, empresas, partidos políticos y sedes bancarias.
Por su parte, los agentes de la Policía que han testificado han ratificado sus informes. El juez Guevara ha suspendido la sesión, que se reanudará a las 17.00 horas, y ha reprendido a la treintena de personas que han venido como público a apoyar a los encausados. «Se van a ir a la calle o al circo. Si tienen ganas de hablar, fuera y si tienen ganas de reírse, al circo», ha enfatizado Guevara.
