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El juez instructor del ‘caso Campeón’ en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha dado este martes, día 11, un paso más en el procedimiento que está instruyendo contra el exministro de Fomento José Blanco por un delito de tráfico de influencias y ha remitido formalmente a la Sala que admitió a trámite esta causa todos los documentos necesarios para que esta «interese de la Cámara el correspondiente suplicatorio» para proceder contra el mandatario socialista.
En un auto que tiene fecha de 28 de mayo, el magistrado del alto tribunal reproduce el relato de hechos realizado por la Fiscalía el pasado mes de marzo para concluir la presunta comisión por parte del actual diputado del PSOE de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal.
Considera Soriano que el exministro socialista «intervino notoriamente», si bien a través de terceros, para llegar al alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) al objeto de que tratara de otorgar una licencia a la empresa Azkar, cuyo vicepresidente es su «amigo personal» José Antonio Orozco, «sin necesidad de llevar a cabo alteraciones en el proyecto» que éste le había presentado «evitándole así desembolsar importantes cantidades».
Para el instructor del caso, los cargos que ocupaba Blanco en dicho momento «supuso una fuerte presión» para el alcalde barcelonés a la hora de decidir y además «cualquiera que hubiera sido la decisión, el bien jurídico protegido habría quedado lesionado».
Objetividad de las autoridades
Para el juez Soriano «lo que que se pretende es que las autoridades y funcionarios ealicen o adopten decisiones con objetividad y sin condicionamientos personales de otras autoridades o funcionarios». Insiste por ello en que es «indiferente que el que presiona para conseguir una resolución favorable a sus intereses o a los de un familiar o amigo haya conseguido su objetivo» ya que si realmente lo consigue se debería aplicar este artículo de forma más agravada.
El pasado mes de marzo, el fiscal Manuel Jesús Dolz interesó que se procediera contra Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, si bien el juez Soriano ha descartado este último.
El Ministerio Público descartaba en dicho momento la existencia de indicios contra Blanco por un presunto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.
En su escrito el fiscal hacía mención a la relación de amistad que une a Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, ya que ambos nacieron en Palas del Rei (Lugo) y se conocen desde la infancia.
Añadía el escrito que esta amistad se incrementó hace quince años y que eran frecuentes los contactos personales entre ambos, lo que propiciaba que Orozco hiciera partícipe al mandatario socialista «de proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a empresarios amigos la actuación del señor Blanco ante Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la consecución de los mismos».
Influencias en Sant Boi
Sobre el asunto de Sant Boi, el escrito de la Fiscalía concretaba que la petición de influencia se concretó el 15 de diciembre de 2010, y que el cumplimiento de los requerimientos municipales le habrían supuesto a Azkar un coste económico de 175.000 o de 500.000 euros.
Añadía que la influencia de Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa Orozco se articuló a través del Secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, Isaías Taboas, miembro del mismo partido político que el del Alcalde de Sant Boi, que es el PSC.
Las gestiones de Blanco, de las que la Fiscalía y el juez instructor consideran que hay indicios suficientes según las conversaciones telefónicas y mensajes SMS aportados a la causa, sirvieron, por un lado, para que se cambiara la nomenclatura formal de la actividad para la que se solicitaba la licencia sin variar su objeto, de forma que con ello AZKAR ya no tendría que hacer frente a los costes económicos derivados del cumplimiento de los requerimientos municipales anteriores y, por otro lado, se excluyó de la licencia la autorización del parking.
El escrito también apuntaba que, una vez allanados los obstáculos que impedían la concesión de la licencia ambiental, Orozco también llamó a Blanco en febrero de 2011 «para que actuara en su propio Ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA Y AESA las resoluciones favorables que le permitieran obtener la licencia de obra mayor que tenía solicitada ante el mismo Ayuntamiento». Los permisos se obtuvieron un mes después.
Conversaciones
Entre las comunicaciones intervenidas, la Fiscalía destaca una entre Orozco y un empleado de su empresa, de 15 de diciembre de 2010, en la que el empresario señala que «van a presionar por todas las vías» para conseguir su propósito porque «tiene maneras» para «buscarle la vuelta» al alcalde de Sant Boi. Días más tarde señala a este empleado: «»Voy, voy a, voy a llamar al Pepe Blanco a ver si manda algo allí o allí van por libre o como carallo hacen».
En la causa constan otras conversaciones entre Blanco y Orozco, concretamente del 30 de diciembre de ese año, en las que el exministro contesta a su amigo sobre este asunto: «Yo hablo con ellos, no te preocupes eh». Posteriormente a esta conversación, el empresario reconoce a uno de los suyos que en el Ayuntamiento les han confeccionado «hasta el escrito de alegaciones» que había que presentar por el asunto de la licencia.
El 10 de febrero de 2011, tras obtener su reunión con el alcalde, el vicepresidente de Azkar comentó a otro subordinado por teléfono que «siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país». Finalmente, en fecha 10 marzo 2011, Orozco le agradece a Blanco su actuación mediante un SMS, según destacaba igualmente el Ministerio Público.
