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Así figura en el escrito remitido por el fiscal Fernando Suanzes a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSXG, después de que el juez instructor del caso, José Antonio Ballestero Pascual, diese por concluida la instrucción y pidiese a las partes que se pronuncien sobre el procesamiento.
Por su lado, el Ministerio Fiscal pide el procesamiento de Pachi Vázquez al entender que, como alcalde, intervino en la contratación irregular de 37 personas desde 1999 y, en especial, entre 2003 y 2005. Dichos contratos, a su juicio, se llevaron a cabo «de manera absolutamente arbitraria, atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político, personal, o de otro tipo».
En concreto, explica que se trata de contrataciones de personal laboral para el desempeño de labores de competencia municipal por una duración determinada. Sin embargo, «en gran número de ocasiones», estos contratos devinieron en indefinidos bien por orden de la Inspección de Trabajo, de una resolución judicial o de un decreto de la propia Alcaldía.
«Esos contratos se realizaron con ausencia total de procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico, prescindiendo de todo principio constitucional (…) de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», abunda el ministerio público, crítico con su «desprecio absoluto» de las leyes. Asimismo, subraya que tampoco solicitó nunca informe a los órganos municipales «para no hacer patente su manifiestamente ilícita actuación».
En su texto también puntualiza el fiscal que ninguna de las posibles infracciones que se estudian en este caso había prescrito al admitir el alto tribunal gallego a trámite la querella.
Con todo, destaca «peculiaridades», como la «exasperada antigüedad» de los hechos y de los contratos investigados y los distintos decretos y resoluciones bien adoptadas por Pachi Vázquez en su condición de alcalde o bien por otras personas no aforadas y que, por tanto, su caso se encuentra en el juzgado de O Carballiño.
Asimismo, está «la dificultad extrema de saber con certeza la causalidad concreta de cada contrato laboral o resolución en los contratos fijos posteriores hasta la actualidad». De igual forma, la Fiscalía tiene en cuenta que, en algunos casos, ha sido la mediación de la Justicia y de la Inspección de Trabajo la que ha convertido algunos de estos contratos en indefinidos.
Por todo ello, en caso de que se llegue a esa fase procesal, el ministerio público avanza que «no formulará petición de responsabilidad civil», sino que «solamente podría interesar la nulidad de las resoluciones y decretos» firmados por Pachi Vázquez.Además, en su escrito refiere que en distintas sentencias analizadas relativas a «contratos laborales arbitrarios», en ninguna se ha procedido a anular dichos contratos y «anudar consecuencias civiles o laborales a los trabajadores».
VÁZQUEZ NIEGA ILEGALIDADES EN LA CONTRATACIÓN
El exsecretario xeral del PSdeG y actualmente diputado autonómico, Pachi Vázquez, ha negado este jueves «ilegalidades» en la contratación de personal durante su etapa como alcalde de O Carballiño (Ourense) y ha asegurado que «nunca» propuso «directa o indirectamente» el empleo para las 37 personas que indica la Fiscalía en su escrito.
A través de un comunicado, después de que trascendiese que la Fiscalía pide su procesamiento por un supuesto delito de prevaricación continuada, el exconselleiro de Medio Ambiente ha sostenido que la contratación en sus años como regidor «se realizó siempre en el marco de la legalidad».
Además, ha alegado que así lo demuestran las declaraciones de los técnicos municipales ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Se infiere que en absoluto se produjo ninguna ilegalidad en la contratación de personal durante mi mandato como alcalde», ha remachado.
Asimismo, Pachi Vázquez ha esgrimido que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) distintas ofertas de empleo en su municipio, de las que adjunta copia; y da cuenta de la existencia de informes de secretaría de 2003 a 2005 en los que no consta ningún reparo de legalidad.
Por todo ello, el parlamentario socialista ha solicitado el archivo del procedimiento abierto contra él en el alto tribunal gallego, «en base a que no hay indicios de criminalidad y no cabe abrir un proceso». «Estoy seguro tomará en consideración mi petición de archivar la causa», ha manifestado, tras explicitar su «confianza en la Justicia».
Europa Press
